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Acomodándose
El voto despojando afores
“El agua del Zapotillo aún puede llegar a León. El decreto está vigente”, declaró el ex gobernador de Guanajuato y actualmente candidato a senador por esa entidad, Miguel Márquez Márquez, en una entrevista con Israel Alatorre, de El Sol de León.
La semana pasada, el periódico Correo de la ciudad guanajuatense publicó una declaración del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, en el mismo sentido. Aseguró que no descarta retomar el proyecto para abastecer de agua a Guanajuato desde la Presa El Zapotillo porque él valora “la perspectiva del desarrollo regional. Me parece un error poner a competir estados que forman parte de una misma región para los proyectos de construcción y ese error parte de que el presupuesto todo lo concentra un estado y cada estado quiere resolver sus problemas”.
Las declaraciones de Miguel Márquez están sustentadas en una omisión de los gobiernos de Jalisco y federal, de no buscar un nuevo decreto sobre la distribución del agua del río Verde.
En este momento, el decreto vigente es el publicado el 7 de abril de 1995 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho decreto establece “la reserva de aguas superficiales en la cuenca del río Verde para usos doméstico y público urbano, por un volumen anual máximo de 504 millones 576 mil metros cúbicos de agua; reservándose un volumen de 119 millones 837 mil metros cúbicos para el estado de Guanajuato y 384 millones 739 mil metros cúbicos de agua para el estado de Jalisco”.
En ese decreto está respaldada la construcción de la Presa El Zapotillo, cuyo proyecto original consistía en una concesión a favor de la empresa Abengoa para llevar agua a la ciudad de León, Guanajuato.
Después de una larga lucha social y en tribunales, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador decidió modificar el proyecto, en principio para salvar de la inundación a los poblados de Temacapuín, Acasico y Palmarejo.
Los principales cambios fueron dejar la cortina en 80 metros, abriendo ventanas que limiten el llenado de la presa 40 metros. Posteriormente, se decidió que el agua almacenada se llevaría hasta la Presa El Salto, ubicada en el municipio de Valle de Guadalupe, en los Altos de Jalisco. Desde ahí, se enviará a la Presa Elías González Chávez, también conocida como Calderón, para finalmente traerla a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Uno de los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Jalisco y federal fue que este último se haría cargo de las obras de adecuación de la presa, mientras que los recursos para los acueductos serían transferidos al gobierno estatal para que los ejerciera directamente. Así dieron por concluido el tema.
En distintas ocasiones, los productores de los Altos y los habitantes de Temacapulín han insistido al gobierno federal que las decisiones deben tener un respaldo legal. Mientras no se modifique el decreto de 1995, los cambios en la presa El Zapotillo no son definitivos y Guanajuato mantiene el derecho sobre el agua que ahí se almacene. Esto, sin contar que todavía no se define cómo se resolverán las necesidades de agua para uso agrícola y doméstico de los municipios de los Altos.
Las declaraciones que se hacen en campañas tendrían que servir de alerta a Jalisco, porque una vez terminado el gobierno de López Obrador se puede volver a la indefinición en el proyecto.
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