Desplazamiento forzado interno en Jalisco

Preocupante el recorte presupuestal de 2025 a nivel federal en el ámbito de la seguridad, sobre todo cuanto la seguridad es el primer problema que más le preocupa a la ciudadanía; sobre todo considerando fenómenos de inseguridad que se agudizan debido a la violencia, como es el desplazamiento forzado interno en Jalisco. Ejemplo de esto es la última cifra de 2021 donde por los conflictos y la violencia en México, se registró la cifra más alta hasta ahora de personas desplazadas por la violencia, siendo esta casi equivalente a la suma de personas desplazadas en los últimos tres años, y de eventos de desplazamiento interno masivo por violencia, que casi duplicaron los registrados en 2020.

Las altas cifras registradas en 2021 se debieron en gran medida a la violencia generada por grupos criminales armados, dedicados al narcotráfico y a otras actividades delictivas, en Jalisco. El informe final 2021 Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México documentó que mil 90 jaliscienses dejaron su hogar para salvar su vida ante la amenaza de grupos del crimen organizado.

La problemática impactó en dos municipios alejados entre sí, Teocaltiche, cercano a Zacatecas, y Quitupan, en los límites con Michoacán. Ambas demarcaciones comparten la característica de estar en los límites con estados donde frecuentemente ocurren hechos violentos que motivan a las autoridades a “reforzar la presencia”.

Jalisco no cuenta con un marco normativo sobre el desplazamiento interno forzado, lo que causa que sea invisibilizado por la autoridad. Una característica sobresaliente del desplazamiento interno forzado es su falta de reconocimiento y visibilidad institucional, lo que implica un nulo andamiaje jurídico, pues las personas desplazadas no son reconocidas como víctimas y enfrentan lo frágil y discontinuo del ejercicio gubernamental; tampoco se consideran, desde el ámbito institucional, los múltiples factores que dan lugar a esta problemática.

En Jalisco, el desplazamiento interno forzado ha sido escasamente estudiado, si bien la presencia “hegemónica” del Cártel Jalisco Nueva Generación es un detonante de episodios masivos de desplazamiento forzado interno, los fenómenos naturales, megaproyectos de infraestructura y la intolerancia religiosa han sido causales de que el fenómeno siga impactando a las regiones Costa, Sur, Altos, Norte y Centro.

El desplazamiento forzado afecta de manera grave a los derechos humanos y puede estar vinculado a las desapariciones forzadas, acaparamiento de tierras, impactos ambientales y sociales, ataques y criminalización de líderes indígenas.

Resultan urgentes dos acciones: una, que corresponde al legislativo, es la tipificación del delito desaparición forzado; el otro, la designación de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado a un perfil con amplia experiencia en la seguridad ciudadana, no solo en el ámbito operativo, sino en el académico que visualice a través de herramientas metodológicas con la integración de enfoque diferenciado, de derechos humanos y de interseccionalidad las acciones y estrategias tendientes a atender y prevenir el desplazamiento forzado interno. La improvisación y los compromisos políticos hoy no caben para la designación de la o el secretario de Seguridad Pública en Jalisco.

*Doctora en Derecho

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