JUFED llama a suspender elección judicial por irregularidades

La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales (JUFED) solicitó la suspensión inmediata del proceso electoral para elegir personas juzgadoras, argumentando que la reforma judicial que lo respalda presenta severas inconsistencias que comprometen la independencia del Poder Judicial, vulneran derechos humanos y debilitan la confianza en las instituciones de la República.

Según la JUFED, las condiciones actuales del proceso electoral, agravadas por un recorte presupuestal del 52% al Instituto Nacional Electoral (INE), ponen en duda la viabilidad del mismo. Este ajuste ha reducido el número de casillas al 43% de lo inicialmente proyectado y ha limitado la capacidad operativa del INE, que ahora cuenta con menos de la mitad del personal necesario para garantizar una votación transparente y confiable.

Entre las principales irregularidades señaladas por la JUFED destacan la falta de revisión del padrón electoral, la disminución de recursos materiales para asegurar la inviolabilidad del voto y la complejidad del modelo de votación. Este último, que incluye hasta seis boletas diferentes con numerosos candidatos, podría confundir al electorado y fomentar un voto desinformado.

La asociación también advirtió sobre los riesgos de parcialidad en el diseño del proceso, al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes del Estado, lo que, según el organismo, favorece a perfiles afines al partido en el poder y compromete la independencia judicial.

Además, consejeros del INE han reconocido públicamente que la participación ciudadana podría caer a niveles históricos, con una estimación inferior al 10% del padrón votante. Esto, de acuerdo con la JUFED, evidencia la falta de respaldo social para la reforma y refuerza las críticas de quienes la consideran un intento de concentrar el poder político.

Por último, la JUFED subrayó que varias suspensiones judiciales en contra de la reforma han sido ignoradas, lo que constituye un incumplimiento del orden jurídico y podría derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios involucrados.

La asociación anunció que continuará explorando vías legales, tanto a nivel nacional como internacional, y destacó la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el impacto de la reforma en el Estado de derecho en México.

GR