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A poner remedio
Crematorio clandestino
Colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de derechos humanos y activistas han exigido al Estado mexicano y a las autoridades federales y estatales una investigación inmediata e independiente tras el hallazgo de un campo de exterminio con tres hornos clandestinos en Teuchitlán, Jalisco. Este hallazgo, descrito como un "campo de adiestramiento y exterminio" operado por el crimen organizado, representa un crimen de lesa humanidad y evidencia la sistemática desaparición, reclutamiento forzado y asesinato de personas jóvenes en México.
El descubrimiento fue dado a conocer el 5 de marzo de 2025 por los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco. En el Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, se encontraron aproximadamente 400 prendas, 200 pares de zapatos, mochilas, maletas, identificaciones oficiales, libretas con nombres y apodos, así como restos óseos fragmentados.
Según las denuncias de los colectivos, el reclutamiento forzado es una práctica recurrente en Jalisco. Desde septiembre de 2024, han documentado al menos 70 desapariciones en la Central Camionera de Guadalajara, donde principalmente personas jóvenes han sido captadas con falsas ofertas de empleo. El hallazgo en Teuchitlán confirma un patrón de desapariciones masivas, tortura y asesinato con la presunta complicidad de autoridades estatales y municipales.
Jalisco lidera las cifras de desaparición en México desde 2019, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda presentado ante la ONU en 2021 reveló que cuatro municipios jaliscienses estaban entre los diez con mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas a nivel nacional, representando el 24.34% del total en el país.
Los colectivos han señalado que este hallazgo encaja con la definición de "crimen perfecto" según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ya que las desapariciones ocurren con la presunta aquiescencia de las autoridades. Exigen que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y deje de tolerar estas prácticas, asegurando que:
Ha permitido estas prácticas al no intervenir eficazmente.
No ha investigado ni castigado a los responsables.
Ha actuado en complicidad o ha ignorado la protección de las víctimas y sus familias.
Ha mantenido un contexto de impunidad que permite la continuidad de estos crímenes.
Los colectivos y organizaciones exigen:
Que la investigación sea atraída a nivel federal y sea seria, independiente y exhaustiva.
La identificación de todas las víctimas y acompañamiento integral para sus familias.
Protección efectiva para las familias buscadoras y mecanismos de seguridad adecuados.
El enjuiciamiento y sancón de los responsables, incluidos funcionarios que hayan cometido omisión o encubrimiento.
La tipificación del delito de reclutamiento forzado y una estrategia nacional para su erradicación.
Garantías de no repetición mediante la desmilitarización de la seguridad pública y el combate a la impunidad.
La intervención de la Corte Penal Internacional para investigar estos crímenes en Jalisco y en el resto del país.
La creación de un mecanismo internacional para la búsqueda de personas desaparecidas en México.
La remisión del caso de Teuchitlán a la Asamblea General de la ONU por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
La creación de un mecanismo internacional para investigar violaciones graves a derechos humanos en México desde los años 70.
Los colectivos advierten que el hallazgo de este campo de exterminio en Teuchitlán es una prueba irrefutable de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad con la complicidad de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia. Piden a la sociedad civil y a la prensa mantener este caso en la agenda pública y denunciar la crisis de desapariciones, homicidios y reclutamiento forzado que persiste en el país.
GR