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Los López amparándose
Porque nos la quitaron
El director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, José Flores, advirtió sobre los riesgos que representa la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. “La Ley de Protección de Datos Personales en México establece que, cuando una autoridad o un particular recaba información, debe hacerlo con un fin claro y no puede utilizarla para otros propósitos”, subrayó.
Con esta reforma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá acceder a por lo menos 22 bases de datos que contienen información altamente sensible: registros telefónicos, biométricos, vehiculares, comerciales, empresariales, bancarios, de salud y otros. Especialistas han advertido que la interconexión de estos datos podría derivar en un uso discrecional y desproporcionado de la información personal de los ciudadanos.
Para Flores, lo alarmante es que esta nueva legislación permite la interconexión y fusión de bases de datos. “Cuando los datos están aislados, pueden parecer inofensivos. Pero al cruzarlos, se construye un perfil detallado de una persona. Por ejemplo, con la CURP se puede saber qué línea telefónica se utiliza; con esa línea, se puede obtener la localización en tiempo real; y con datos biométricos asociados a la CURP, acceder a información fiscal o registros adicionales”, explicó.
Flores consideró fundamental que esta ley esté sujeta a mecanismos de supervisión independiente. “Deberíamos tener acceso a un registro que nos permita saber qué autoridad consultó nuestras bases de datos, con qué motivo y en qué momento.
Actualmente no existe forma de saber quién ingresó a la Plataforma Única de Identidad ni cómo fueron usados nuestros datos. Tampoco hay garantía de que se nos notifique sobre ello”. Añadió que en otros países existe el llamado “derecho de notificación”, que obliga a las autoridades a informar a los ciudadanos cuando sus datos son utilizados por el Estado.
PG