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Rumbo a Villanueva
Hace años Guillermo empezó a escuchar voces en su mente. Un día reveló que le ordenaban qué hacer o no hacer: si debía o no tomar agua, confiar o no en una persona, salir o no a la calle, por ejemplo. De ser cálido, se volvió taciturno, serio, callado. Se aisló. Entró a su cárcel mental invisible, puso el cerrojo y tiró la llave. De pronto empezó a tener episodios violentos. Entró en crisis. Difícilmente lo podían contener tres varones. Gritaba y maldecía. Caminaba durante horas, sin parar. Huyó de su casa y retornó semanas después, sucio, con la mirada perdida. La familia lo llevó a un hospital psiquiátrico. El diagnóstico: esquizofrenia y dromomanía.
Lo atendieron en el Hospital Civil de Guadalajara. Los medicamentos no funcionaban, pero lograron estabilizarlo con uno: clozapina. Empezó a recuperarse tras periodos de pesadilla. El psiquiatra le fue reduciendo la dosis hasta llegar a prescribirle la mitad de una pastilla de 100 miligramos. La mejoría era prometedora. Solo al principio, el hospital regaló el medicamento. Después la familia debió adquirirlo. Pero desde hace semanas ninguna farmacia de Guadalajara tiene cajas con el antipsicótico. De no conseguirlas está latente el riesgo de que recaiga el paciente. Un médico sugirió hablar a una empresa farmacéutica distribuidora. No tenemos el medicamento, hay desabasto nacional, respondió.
Un distribuidor aseguró que lo podía conseguir al doble de precio, 2 mil 700 pesos, lo que resultó falso. Ni en el mercado ilegal del barrio El Santuario la tienen. La familia extendió su rastreo a otras entidades. En la frontera con Estados Unidos avisaron que una farmacia podía tener una caja. Las pastillas de reserva están por acabarse.
El desabasto de medicamentos en el país es criminal. El derecho a la salud es nulo cuando los enfermos no tienen acceso a los tratamientos, incluida la medicina. Es el caso de los pacientes psiquiátricos, donde corren riesgos tanto los enfermos como sus familias. También sufren las personas con problemas renales, de cáncer y de diabetes, entre otras, que por periodos no hallan las medicinas. Mientras el gobierno federal asegura que las instituciones de salud están abastecidas, las familias de los pacientes continúan con problemas para adquirirlos. Además de la enfermedad, miles de mexicanos padecen la incertidumbre de no contar siempre con medicamentos, de fácil acceso, gratuitos o a bajo costo. La salud es un negociazo.
En Guadalajara, la agrupación Nariz Roja (@NARISROJAAC) ha denunciado el desabasto de medicamentos contra el cáncer y la asociación Donación de Milagros (@donacion_a) ha señalado que la salud y la vida de miles de personas con insuficiencia renal crónica corren peligro y que la falta de inmunodepresores pone en riesgo a quienes tienen órgano trasplantado.
En el caso de las medicinas psiquiátricas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acusó hace días a la empresa Psicofarma, que tiene el monopolio de la elaboración de medicamentos para enfermedades mentales y afecciones neurológicas, de esconderlos para presionar al gobierno federal a que retire las sanciones que le impusieron por incumplimientos en las entregas y por irregularidades en sus plantas. Se trata de un desabasto orquestado. López Obrador ha dicho que 10 empresas controlan los medicamentos que adquiere el sector público en compras que ascendían a 100 mil millones de pesos anuales, en medio de corruptelas.
Sin embargo, las familias y los pacientes no debieran resultar dañadas por políticas públicas mal diseñadas, pésimamente atendidas o notoriamente improvisadas. No es posible que desde que comenzó el sexenio millones de enfermos sean triples víctimas: de las enfermedades, de los monopolios de empresas farmacéuticas y de la ineficacia de las autoridades federales y estatales para prevenir los desabastos. Sin medicinas se condena a miles a sufrir y morir. Los enfermos y sus familias no quieren excusas, rechazan las mentiras y exigen soluciones, ya.
Twitter: @SergioRenedDios
jl/I