Sin gobernanza y sin dinero, imposible proteger El Bajío

La protección en serio de la zona de El Bajío del Arenal, en Zapopan, obliga a desgastarse y trabajar más para poder construir desde la visión de los dueños de la tierra un proceso de conservación en el que sean escuchados y se les compense de forma adecuada en sus derechos. Por ende, no funcionará ninguna solución “mágica”, como es un mero decreto estatal que además no trae recursos económicos, advirtió la abogada especialista en derecho ambiental, Patricia Moreno González.

“El gobierno debe cumplir, dar audiencia a los propietarios, pero ese es solo una parte de los problemas; debemos pensar que para establecer un área natural protegida verdadera, que sirva de contención de los efectos urbanos hacia el bosque La Primavera, es decir, una verdadera zona de amortiguamiento, se debe generar un modelo robusto de gobernanza, en los que el propietario es incluido y asume compromisos porque se le toma en cuenta y porque hay manera de compensar el tema de los derechos de poseedor que le han sido afectados”, dijo en entrevista con NTR.

Consideró que no se pueden imponer modelos de protección de forma autoritaria, aun si se trata de un claro beneficio colectivo, porque debe haber un equilibrio con los derechos individuales que están involucrados. “Es necesario trabajar más de la mano de la sociedad, y que el problema de la presión inmobiliaria, que es el que se tiene allí de forma muy acusada, se ataque con los instrumentos pertinentes”.

La reflexión es que si se quiere que El Bajío sirva de zona de amortiguamiento, “existen soluciones más sociales, no siempre se trata de un decreto restrictivo”. Es, añadió la experta, un tema de procedimientos y formas, pero “el fondo sigue sin tocarse, y si se quiere salvar el bosque La Primavera y su zona de influencia, hay que entender que si no le entras con dinero y ganas no va a pasar nada, seguirán estas tentativas endebles que no llevan a nada serio y de largo plazo”.

De acuerdo a información social, se han interpuesto más de 80 amparos contra el decreto de área de recuperación ambiental que se impuso sobre 980 hectáreas de El Bajío.

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