Ayotzinapa, 9 años

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en la población de Ayotzinapa, en Guerrero (septiembre de 2014), es una violación grave a los derechos humanos, que puso en evidencia la violencia estatal que se había estado gestando en el país.

Con el supuesto combate al crimen organizado –iniciado por el presidente Calderón–, lejos de disminuir la inseguridad, incrementaron los homicidios, secuestros, tortura, desapariciones y vínculos institucionales con la delincuencia; podemos verlo en el juicio contra Genaro García Luna y los procesos penales a funcionarios que estuvieron en cargos de seguridad en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto (Tomás Yarrington, Javier Duarte, Murillo Karam, Tomás Zerón, entre otros).

Las violaciones de derechos humanos entre 2006 y 2014 fueron múltiples, dentro de una lógica punitiva y de represión contra el movimiento social.

En San Salvador Atenco, Estado de México (2006), la población realizó un bloqueo a la carretera en protesta por arbitrariedades de policías municipales. La operación que se llevó a cabo contra los manifestantes fue de brutal represión: dos jóvenes perdieron la vida, más de 200 personas fueron detenidas y se recurrió a la tortura sexual, física y psicológica contra las mujeres detenidas, se perpetró violencia contra campesinos, uso excesivo de la fuerza y abusos sexuales contra mujeres.

En Buenaventura, Chihuahua (2009), los ciudadanos José Ángel Alvarado, Nitza Paola Alvarado y Rocío Alvarado fueron víctimas de desaparición forzada. Los familiares recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia en 2018 señalando la responsabilidad del Estado mexicano por su desaparición, enfatizando “la existencia en México de un patrón estructural y generalizado de impunidad y la falta de acceso a la justicia y reparación para las víctimas”.

En San Fernando, Tamaulipas (2010), un grupo criminal asesinó a 72 migrantes en un pueblo cercano a la frontera. Durante el año siguiente en esa misma zona se encontraron 193 cuerpos en diversas fosas clandestinas –en su mayoría, migrantes–; no hubo una investigación exhaustiva de lo sucedido y sólo algunos policías municipales fueron detenidos acusados de colusión con los grupos criminales que cometieron la masacre.

Los jóvenes Javier Arredondo y Jorge Antonio Mercado (2010) fueron asesinados en marzo por soldados afuera de las instalaciones de la escuela donde estudiaban en Monterrey. La escena del crimen fue alterada colocándoles armas. El mensaje transmitido a los medios masivos es que habían abatido a dos “delincuentes” que estaban “armados hasta los dientes”; casi 10 años después y mediante disculpa pública el gobierno de México reconoció (2019) que los jóvenes eran estudiantes de excelencia y no sicarios.

En Cadereyta, Nuevo León (2012), fueron privadas de la vida 49 personas cuyos cuerpos fueron desmembrados y expuestos en el espacio público. Por esa masacre fueron detenidos posteriormente solo algunos policías municipales que reconocieron haber participado en el asesinato.

En Tlatlaya, Estado de México (2012), hubo un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de grupos criminales en el que murieron 22 personas; testimonios y periciales posteriores mostraron que al menos 15 personas fueron ejecutadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la escena del crimen fue alterada por el Ejército, moviendo los cuerpos y colocando armas sobre ellos para aparentar enfrentamiento.

Con esos precedentes puede observarse que la violencia y agresiones contra los normalistas en 2014 no representó un hecho aislado, sino que fueron víctimas de una conducta sistemática de abuso de poder, represión y vulneración de los derechos por parte de las autoridades.

Aunque en la actualidad se ha reconocido la desaparición forzada de los 43 como un crimen de Estado, la investigación todavía enfrenta numerosas dificultades, como falta de información por parte de militares y órdenes aprehensión que no han sido realizadas por el Poder Judicial. Las familias de los 43 continúan firmes en su reclamo de justicia y sanción a los responsables.

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