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El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó la Operación Tormenta de Al Aqsa, desatando un conflicto renovado con Israel. Esta violencia ha resultado en innumerables bombardeos y víctimas mortales entre ambos bandos.
Los israelíes tenían el derecho de legítima defensa, garantizado legalmente. Pero con el propósito de cazar y matar terroristas, activaron su sofisticado arsenal de armas; así, cientos de edificios fueron destruidos, miles de niños, mujeres e innumerables civiles inocentes fueron asesinados.
Esto no es una guerra, sino un verdadero genocidio y limpieza étnica, como lo ha denunciado el secretario de la ONU, António Guterres, quien afirmó “que la Franja de Gaza se ha convertido en un cementerio de niños”.
En Gaza habitan 2 millones 48 mil habitantes, en un territorio de 360 km cuadrados, y mide 41 km de largo por 10 km de ancho. Ahí viven 9 mil personas por metro cuadrado, mientras que en el Área Metropolitana de Guadalajara viven 106 personas por km cuadrado.
La mitad de los palestinos de Gaza tiene 19 años, y el 80 por ciento de la población vive en pobreza, el 63 por ciento tiene inseguridad alimentaria y viven de la ayuda humanitaria. Casi 600 mil palestinos viven en ocho campamentos de refugiados, y 95 por ciento de la población no dispone de agua potable.
El periodista, articulista de opinión y sacerdote, Armando González Escoto, hace una analogía o comparación muy útil para comprender la situación actual en la que vive la población de Gaza.
Parte de la suposición que el gobierno mexicano, orillado y obligado por el desbordamiento incontenible del crimen organizado, a lo ancho y largo del estado de Jalisco, “decide aplicar un correctivo radical eligiendo para ello la ciudad de Guadalajara”. Ciudad en la que conviven todos los días tapatíos y gente pacífica y bandas delincuenciales de todo género: extorsionadores, asesinos, secuestradores, tratantes de blancas, narcotraficantes, productores de fentanilo, traficantes de órganos y traficantes de niños, que “tienen sus casas o departamentos entre las casas de la gente ajena a sus crímenes, y pocos se percatan de quiénes son sus vecinos o a qué actividades se dedican”.
En este contexto, la autoridad decide sitiar la ciudad, cortarle los servicios de agua y electricidad, el acceso a Internet y el ingreso de alimentos y medicinas, procediendo a bombardear los múltiples sitios que sus informes de inteligencia señalan como habitados por delincuentes.
Lo que sucedería es que el terror se generaliza. Todos los edificios altos son destruidos ante la posibilidad de que los delincuentes los usen para sus fines. Los hospitales sin electricidad ni agua, ni insumos, colapsan, toda actividad se detiene, pues la ciudadanía no puede ir ni a la esquina ante la posibilidad de ser víctima de un nuevo ataque a las células delincuenciales.
González Escoto explica que la medida del gobierno es radical, pero demencial, y quienes pagan las consecuencias son las personas inocentes, en mayor número, que los culpables. En este sentido, las autoridades han llegado a pensar que todos los tapatíos son directa o indirectamente cómplices de la delincuencia organizada, que de algún modo los apoyan, que simpatizan con sus actividades, y que por lo mismo deben pagar también a la hora de aplicar estos correctivos.
Bueno, “pues eso es exactamente lo que está pasando en la ciudad palestina de Gaza, donde la justicia y la legítima defensa se han confundido con la venganza radical, tan radical y despiadada como el terrorismo perverso que la provocó”, señala.
Las represalias del Estado de Israel no fue ojo por ojo, sino “un ojo, por cientos de ojos”. Datos que no se han podido verificar completamente señalan más de 8 mil muertos, incluidos más de 3 mil 400 niños.
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jl/I