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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
El caso Teuchitlán es un ejemplo de “narrativas” que buscan imponerse ofreciendo una explicación de lo sucedido.
La construcción de las “narrativas” inició desde la revelación de un espacio con elementos que se han asociado a hechos e imágenes similares con los objetos: zapatos y pertenencias personales aglomeradas.
La realidad y los hechos al verbalizarse adquieren una significación. En este caso la palabra clave ha sido “exterminio”, la cual se asocia con las imágenes.
Según los académicos Hernández y González, en Discursos y Mediaciones, “la construcción de la realidad que hacen los medios de comunicación está transversalizada por diversas mediaciones que condicionan el proceso de producción de mensajes periodísticos, lo que a su vez influye en la forma en que es tratada y presentada esa realidad”.
Así, a la revelación del lugar, inicialmente le dieron una significación ofreciendo información. Mientras esto sucedía, las autoridades responsables de la procuración de justicia no ofrecieron información, cubriendo el vacío narrativas de los grupos buscadores de personas desaparecidas.
En segundo lugar, al retomar esa información los medios de comunicación, la narrativa se impuso.
Las autoridades responsables continuaron sin ofrecer información, y cuando comenzaron a darla se dio desde posiciones interesadas en dos grupos: gobierno federal y gobierno local. Dos entes que se lanzaron a “mediar” la realidad, esto es, a decirnos cómo debemos interpretarla.
Comenzó una lucha de “narrativas”, pero sin la suficiente información.
A esta dinámica informativo-comunicativa se incorporaron y/o fueron incorporadas personas en lo individual, replicando y sobredimensionando la escasa información; así se sumaron los llamados influencers.
Poco a poco los medios y periodistas han comenzado a tomar distancia y transitan de referirse al lugar como de un “lugar de exterminio” a un “centro de entrenamiento”; incluso, comienzan a referirse a ellos como “presuntos lugares”.
A reserva de lo que arrojen las investigaciones que ahora, seis meses después, se aceleran públicamente, se puede tener como certezas lo siguiente:
Se trata un lugar emblemático de privación de la libertad, de tortura, de tratos inhumanos, de intenso olor a muerte.
Desde que intervino la autoridad en septiembre de 2024, la revelación de grupos buscadores de personas desaparecidas, y la intensificación de las investigaciones, se exhibió la irresponsabilidad e indolencia de las autoridades.
Se confirma, por lo que ha sucedido, que se ha negado el derecho a la información hacia los familiares de personas desaparecidas y a toda la sociedad. En todos los testimonios sobre estos hechos, como en otros momentos, el reclamo ha sido la falta de información, es decir, se niega el derecho fundamental a la información veraz, completa, clara y oportuna.
El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán no es un caso aislado; por ello habrá que tratarlo como una muestra del sistema de muerte que no sólo debe llevarnos a la búsqueda de personas desaparecidas, sino, sobre todo, a desarrollar y aplicar políticas y medidas que rompan ese sistema y no haya más personas desaparecidas.
Mientras se aborde y trate el caso de Izaguirre en Teuchitlán como un caso aislado, único, continuaremos con más “ranchos Izaguirre” en México.
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jl/I