De la oscuridad a la esperanza

De acuerdo con la Organización Mundial contra la Tortura, al cometer los actos de tortura se destruye de forma intencional a una persona y se niega su condición humana, quebrantando su cuerpo y mente, y rompiendo sus vínculos de confianza con la sociedad.

La práctica de la tortura ha trascendido sexenios, regiones y fronteras. Su comisión se ha mantenido a través del tiempo y se ha constituido como una herramienta para fabricar culpables, intimidar, así como un mecanismo de control, castigo y represión, sin consecuencia alguna.

Si bien las autoridades han realizado algunos esfuerzos para erradicarla, las pocas acciones implementadas para investigar y frenar la tortura no solamente han sido insuficientes, sino que aún más han abonado a su permanencia.

La publicación de la ley general en materia de tortura en 2017, tras las exigencias de organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, brindó expectativas de avanzar con su erradicación. Sin embargo, a más de seis años, sólo se reafirmó que la voluntad de las autoridades por garantizar los derechos humanos se reduce a la aprobación de leyes, sin contar con el compromiso de implementarlas de forma posterior.

Jalisco ha sido ejemplo de mantener las obligaciones legales en el papel. Tras la entrada en vigor de la ley general, a pesar de las demandas de la sociedad civil, no se han generado políticas públicas específicas para prevenir los actos de tortura y atender a las personas sobrevivientes. A pesar de la obligación de crear una fiscalía especializada para investigar los delitos de tortura que cuente con autonomía técnica y operativa, los recursos necesarios, y áreas especializadas con personal multidisciplinario, todavía no se ha instaurado una instancia de esta naturaleza. Si bien en la entidad en 2018 se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, ésta, al carecer de autonomía, no ha garantizado que las investigaciones sean independientes, y que no tengan ningún tipo de injerencia indebida.

Ante esta situación, por años las instituciones públicas federales y organizaciones de la sociedad civil han emprendido múltiples estrategias, entre ellas la presentación del amparo por parte de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública en el que se denunció la omisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo de crear una fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura, mismo que recientemente fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta resolución no sólo reconoce la omisión de las autoridades, sino que también de manera directa obliga al gobernador del estado de Jalisco y al Congreso estatal a que a la brevedad posible y de manera prioritaria inicien el proceso legislativo y administrativo para crear la fiscalía especializada, dotándola con plena autonomía, previendo los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, y además, dejando claro que la vieja excusa del Ejecutivo estatal de no contar con presupuesto suficiente para crear esta fiscalía ya no podrá ser señalada como una justificación para seguir incumpliendo con la ley.

Si bien la creación de una fiscalía especializada no bastará para erradicar la tortura en Jalisco, y que también se requieren otras acciones y políticas públicas, ésta representaría un gran paso para el combate de la impunidad sistémica, tomando en consideración que en Jalisco solamente 2.9 por ciento de las investigaciones abiertas entre 2018 y junio de 2023 han sido judicializadas, y que hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria por este delito.

La tortura por años se ha cometido en la oscuridad, dejando heridas que persistirán en futuras generaciones. Tras lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se devuelve la esperanza de que las autoridades, a pesar de las conveniencias electorales y su falta de compromiso, acaten lo ordenado y remedien las cadenas de complicidades y omisiones incurridas, abonando a que el acceso a la justicia y reparación integral para las víctimas de tortura sea una realidad innegable.

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