Retórica vacía, compromiso ausente

Las recomendaciones de los organismos internacionales parten del reconocimiento de los retos y pendientes en materia de derechos humanos y constituyen pautas para abordarlos. Su aceptación demuestra el compromiso, aunque la práctica ha evidenciado que varias de las recomendaciones se aceptan sólo para que después sean ignoradas. Sin embargo, la situación es aún más grave cuando los Estados ni siquiera se molestan para reconocer las problemáticas y aceptar las recomendaciones.

El 5 de julio, tras la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó el cuarto ciclo de su examinación en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En este periodo, México recibió 318 recomendaciones de 115 países, siendo un incremento de 54 recomendaciones en comparación con el examen pasado, en 2018, reafirmando la preocupación internacional por la agravante crisis de derechos humanos.

El EPU busca evaluar los avances y retos en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y compromisos de derechos humanos por parte de los países miembros de la ONU. Es un mecanismo basado en el envío de informes y diálogo, mediante el cual otros Estados emiten recomendaciones.

Durante este ciclo, las recomendaciones abordaron temáticas como desapariciones forzadas, igualdad de género, violencia contra mujeres, tortura, migración y desplazamiento forzado interno, independencia judicial, combate a la impunidad, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como derechos de infancias, personas LGBTTIQ+, con discapacidad, privadas de la libertad, periodistas y defensoras de derechos humanos, entre otras.

De las 318 recomendaciones, México aceptó 96 por ciento, “tomando nota”, y no aceptando 14 de ellas. Cabe recordar que en comparación, durante el ciclo pasado, solamente dos recomendaciones no fueron aceptadas. Sin embargo, lo que genera mayor alerta, además de la estadística, son los temas que para el Estado no parecen prioritarios ni relevantes. En este sentido, no se aceptaron las recomendaciones sobre la prisión preventiva oficiosa y arraigo, militarización de la seguridad pública, movilidad humana y desplazamiento forzado interno, espionaje, o adopción de medidas sobre el uso excesivo de la fuerza. Temas que han sido cruciales ante el contexto actual de inseguridad generalizada, con centenares de miles de víctimas en el país.

Si bien “tomar nota” no implica el rechazo de las recomendaciones, tampoco constituye una muestra de compromiso. A pesar de las pruebas irrefutables del espionaje, el brutal historial de represión y uso excesivo de fuerza pública, o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado desde inicio deja clara su nula intención para atender sus obligaciones internacionales. Estas resistencias no permiten evitar que los ciclos de violencia acaben y se fortalezcan las garantías de derechos humanos.

El Colectivo EPUMx llamó a las autoridades a considerar seriamente todas las recomendaciones, y construir una guía para la adopción de políticas concretas para materializar su cumplimiento. En la comparecencia de México se sostuvo que las recomendaciones del EPU servirán como un diagnóstico para realizar el diseño de acciones en materia de derechos humanos durante la nueva administración.

Esperamos que en esta coyuntura marcada por la transición política, la aceptación de las recomendaciones no sea un gesto diplomático más, sino que los gobiernos de todos los niveles tomen medidas para su implementación, para que el discurso oficial de que en México ya no se violan los derechos humanos algún día pueda ser más cercano a nuestra realidad.

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