Más allá de las cifras

La transparencia en las cifras sobre desapariciones no es un asunto técnico, sino un componente esencial para garantizar los derechos de víctimas y diseñar políticas públicas efectivas. Sin información verificable y actualizada, no se permite rendir cuentas, contrastar narrativas que minimizan la crisis ni construir memoria colectiva. La opacidad sólo erosiona la confianza en las instituciones, alimentando la percepción de manipulación, facilitando el uso político de los datos en lugar de ser una herramienta para la verdad y justicia.

La semana pasada, el gobernador de Jalisco hizo dos declaraciones sobre los registros de personas desaparecidas. Primero, afirmó que durante su administración el número de desapariciones ha disminuido en un 48 por ciento, asegurando que “el fenómeno de la desaparición en Jalisco está teniendo un decrecimiento muy importante”.

Si bien una reducción en las cifras podría parecer alentadora, simplificar una crisis tan compleja con resultados inmediatos sería un error, ya que estos podrían constituir reflejos de coyunturas como el reciente cambio de gobierno. Un dato aislado y un periodo corto no son suficientes para evaluar políticas públicas y mucho menos para establecer tendencias. Además, en un contexto de inconsistencias, subregistros y desconfianza, una baja numérica no necesariamente implica que existe una mejora real. Más preocupante aún es el riesgo de que estas declaraciones busquen ofrecer una sensación de crisis superada, desviando la atención de las causas estructurales.

En su segunda declaración, Pablo Lemus prometió que Jalisco volverá a alimentar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que dejó de ser actualizado por las autoridades estatales desde marzo de 2022 tras una alarmante reducción de cifras oficiales. Durante tres años, las autoridades han argumentado que la falta de actualización se debe a las deficiencias de las metodologías y plataforma del RNPDNO. Sin embargo, la Ley General en materia de Desaparición es clara: fiscalías y comisiones de búsqueda deben mantener actualizada esta base de datos en tiempo real. No es nuevo que, en Jalisco, las obligaciones legales parecen ser una opción.

El lunes pasado, el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas expresó su preocupación por la continuidad de políticas que han agravado la crisis de desapariciones, marcadas por la opacidad. Se centraron en las siguientes prácticas: el persistente subregistro, el uso arbitrario del estatus de confidencialidad, la operación irregular de Alerta Amber y Protocolo Alba, las deficiencias en la difusión de casos, así como la profundización de la fragmentación de las desapariciones.

Sólo este año, en Jalisco, se han descubierto fosas masivas, centro de exterminio clandestino con indicios de incineración de cientos de personas, campamento de trabajo forzado, y se ha evidenciado la infiltración del crimen organizado en las policías municipales. Estas atrocidades recuerdan los peores episodios de la historia de la humanidad que están ocurriendo aquí y ahora.

La realidad es brutal y no se resuelve con presentar cifras aisladas, como si estas fueran la única prueba de avances, sin ofrecer una explicación clara sobre las estrategias implementadas y sus resultados. Las estadísticas deben ir acompañadas de diagnósticos e informes de análisis de contexto que no sólo identifiquen patrones y causas, sino que también incorporen la perspectiva de las víctimas. Mientras tanto, las mesas de trabajo sobre el tema anunciadas con gran compromiso parecen haber quedado en el olvido, desplazadas por coyunturas más convenientes, como si ya no fueran prioridad.

[email protected]

jl/I