La desaparición del Estado

Las desapariciones en contextos violentos han aumentado significativamente en los últimos años. En Jalisco, durante el sexenio pasado, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, fueron privadas de su libertad con el uso de violencia, muchas veces a plena luz del día, en sus hogares, trabajos o colonias. El hecho de que una persona pueda ser arrancada de su propia casa –el espacio más íntimo y seguro– evidencia la magnitud de la crisis y la brutal normalización de este horror.

El reportaje “Se lo llevó un grupo armado. La crisis de desapariciones violentas en Jalisco”, de Lauro Rodríguez y Jorge Ramírez, revela a través de datos y testimonios una violencia tangible, sin restricciones, cada vez más cercana a nuestras vidas cotidianas. Las desapariciones violentas se han vuelto un mecanismo recurrente en gran parte del territorio del estado. Aunque tienen alta concentración en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 72 de los 125 municipios de Jalisco han registrado al menos un caso, evidenciando que no son hechos aislados, sino una situación generalizada.

Los investigadores identificaron mil 248 desapariciones violentas entre 1998 a 2024, con un aumento exponencial en el último sexenio. Su análisis, usando la base de datos de personas desaparecidas y localizadas relacionadas con las cédulas de búsqueda emitidas, reveló también las deficiencias y limitaciones sobre los alcances de la información disponible.

En este sentido, en Jalisco, la falta de información pública y certera sobre desapariciones ha sido un problema constante. Los registros oficiales, lejos de ser herramientas confiables de rendición de cuentas, han resultado insuficientes para comprender la magnitud del problema. Además, no existen diagnósticos públicos que nos compartan de manera oficial qué está pasando en el estado. Han sido los esfuerzos de las familias, academia, periodistas y organizaciones que han permitido reconstruir y profundizar más sobre la complejidad de las desapariciones, abonando a las garantías de los derechos a la información y la verdad.

El reportaje expone el involucramiento del crimen organizado y actores particulares en las desapariciones violentas, sin embargo, también señala indicios de la participación directa e indirecta de autoridades, principalmente policías, que han utilizado patrullas, uniformes y armamento oficiales. Esto ha favorecido la reproducción de la impunidad, el encubrimiento de los hechos y su repetición sistemática.

Los recientes acontecimientos en Teocaltiche y Villa Hidalgo reafirmaron una realidad que ha persistido desde hace años atrás: la infiltración del crimen organizado en las policías municipales de la región. En ambos municipios se han encontrado sistemas de vigilancia operados por grupos criminales, vehículos modificados, equipo táctico, explosivos y amplio arsenal, que evidencia su alta capacidad de fuego e infraestructura muy avanzada y sofisticada. Esto constituye un reflejo de lo que ocurre también en otras regiones de Jalisco, alerta sobre la creciente erosión de las instituciones y cuestiona la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad.

El gobierno de Jalisco por años ignoró y minimizó las crisis de violencia y desapariciones. Aunque la nueva administración ha reconocido su existencia, urge pasar de las palabras a acciones concretas: disminuir la impunidad, rediseñar a fondo las políticas de justicia y seguridad, y generar medidas integrales de prevención que atiendan las causas estructurales, siempre poniendo a las víctimas en el centro. Mientras la violencia e impunidad sigan alimentando este ciclo, las desapariciones continuarán y el miedo seguirá paralizando a la sociedad.

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