Teuchitlán: La mentira oficial

En las últimas semanas, las noticias sobre Teuchitlán no han cesado. El flujo constante de información ha sumado a diversos actores al debate, desviando la discusión hacia disputas semánticas y confrontaciones políticas, mientras en medio de este ruido la exigencia de verdad y justicia comienza a diluirse.

El lunes pasado, por primera vez, la presidenta dejó de evadir el tema de las desapariciones y lo declaró una prioridad nacional. Anunció medidas “inmediatas” que, lejos de representar una estrategia efectiva, no son más que obligaciones legales incumplidas y demandas históricas de las familias ignoradas durante años. Aun así, es difícil imaginar que este reconocimiento hubiera ocurrido sin la presión detonada por Teuchitlán.

El mismo día, casualmente, se viralizó un cuestionable video que buscó desacreditar al colectivo Guerreros Buscadores y negó la existencia de un centro de exterminio en Teuchitlán. La coincidencia resulta imposible de ignorar.

Posteriormente, el fiscal general Alejandro Gertz Manero ofreció una conferencia en la que exhibió un cúmulo de omisiones e irregularidades cometidas por la Fiscalía de Jalisco, mientras justificaba el dudoso papel de la Guardia Nacional, que también tenía la obligación de dar seguimiento a los delitos federales.

Aunque confirmó la existencia de restos humanos, fue cauteloso al referirse a los hornos crematorios o al campo de exterminio. Además, preocupó su insinuación sobre posibles vínculos entre las prendas encontradas y los perpetradores, sin ofrecer un análisis más profundo. Lo expuesto no sólo careció de rigor, sino que, de forma peligrosa e insensible, pareció alinearse con una narrativa de minimización de los hechos, contradiciendo la promesa de que “Teuchitlán jamás sería otro Ayotzinapa”.

El fiscal general y el fiscal de Jalisco invitaron públicamente a visitar el Rancho Izaguirre. La visita que iba a fomentar transparencia, escrutinio público y participación en realidad fue un acto de revictimización e indignación, nombrado por las familias como “circo mediático”, “galería de horror” o “museo de nuestro dolor”. En el lugar no sólo encontraron la falta de organización, indiferencia, ausencia de información y abandono institucional. Detectaron también alteraciones en el suelo, arreglos y cambios de las banderillas, agravando la desconfianza e incertidumbre sobre posibles manipulaciones en el sitio.

De inmediato comenzaron a cuestionarse los verdaderos objetivos de la visita. Al día siguiente, con cinismo, la presidenta pidió que quienes acudieron “dijeran lo que vieron”. Pronto circularon análisis orientados a desmentir la existencia de hornos crematorios o cámaras de gas, conformando la narrativa de que en Teuchitlán “no pasó nada”. La visita resultó ser una trampa política, perversa y fríamente calculada, orquestada a costa de dolor y sufrimiento de las familias.

Desde el inicio, las familias advirtieron que los hornos crematorios no contaban con estructuras tradicionales, sino eran hoyos en la tierra utilizados para incinerar personas. Además, en el sitio se hallaron seis lotes de restos óseos fragmentados y más de mil 300 objetos registrados por la Fiscalía.

La presidenta prometió que no habrá construcción oscura de verdades históricas. Sin embargo, un Teuchitlán no le conviene. La prioridad no es la verdad, sino administrar la crisis mediática y borrar el caso coyuntural del debate lo antes posible.

Una vez más, prevalecen versiones oficiales, mientras las estructuras de violencia, complicidad e impunidad permanecen intocables. Las familias, en cambio, seguirán buscando la verdad fuera de las instituciones, enfrentando a actores criminales y al mismo Estado, quienes tanto insisten en ocultarla.

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