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Abril cerró con dolor e indignación. A dos valientes mujeres defensoras de derechos humanos les fueron arrebatadas sus vidas: la buscadora María del Carmen Morales, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y Sandra Domínguez, defensora de los derechos de las mujeres ayuuk.
María del Carmen fue asesinada con su hijo Jaime Daniel, apenas semanas después del fallecimiento de Teresa González, del colectivo Luz de Esperanza, y a mes y medio del hallazgo del Rancho Izaguirre, Teuchitlán. Ambas buscadoras partieron sin alcanzar la verdad ni la justicia. En sus casos podemos observar el mismo modus operandi: disparos de sujetos en motocicletas, y repetidas posturas de la Fiscalía del Estado, descartando desde el primer día y sin haber realizado una investigación exhaustiva, la labor de búsqueda como una de las líneas de investigación.
En el caso de María del Carmen, la Fiscalía reconoció posteriormente que hubo una “mala interpretación” y decidió incorporar este móvil en la investigación. Pocos días después anunciaron la detención de dos personas, presuntamente involucradas “en al menos otras 10 privaciones de la vida”.
En Jalisco, más de 75 por ciento de quienes denuncian desapariciones son mujeres. Ante las omisiones del Estado, ellas suplen sus labores, transformando su dolor en resistencia y desafiando las estructuras que les colocan en vulnerabilidad, donde el amor por encontrar a las personas desaparecidas puede costarles la vida. Desde 2019 se han documentado 16 asesinatos de mujeres buscadoras en el país.
Sandra era abogada y defensora de los derechos de las comunidades y mujeres ayuuk que sufrían discriminación y violencias, denunciando públicamente a funcionarios de Oaxaca por violencia sexual y difusión de fotografías íntimas en un grupo de WhatsApp. “Se convirtió en la luz de muchas mujeres que encontraron con ella el camino para romper el silencio y la opresión”, se compartió durante su homenaje. El 4 de octubre pasado Sandra fue desaparecida, y tras 206 días de exigir su presentación con vida, fue localizada muerta en Veracruz.
En los últimos años, las mujeres han defendido los derechos humanos en condiciones de fragilidad. En su cotidianidad enfrentan la violencia diferenciada y los riesgos particulares por su condición de género y activismo, mayores que los hombres defensores. Estos obedecen a estereotipos de género arraigados, así como ideas y normas que limitan su papel. Su trabajo desafía las políticas, roles, conceptos tradicionales de género, y las expone a situaciones de discriminación y desigualdad estructural determinadas por el sistema patriarcal. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que “las mujeres afrodescendientes, indígenas o LGBTTIQ+ enfrentan formas interseccionales de discriminación que añaden capas adicionales de violencia y exclusión”.
Los asesinatos de María del Carmen, Sandra y Teresa evidencian que el Estado mexicano ha fallado en garantizar mecanismos efectivos de protección a mujeres defensoras, y un entorno seguro y libre de violencias. De las mil 321 personas defensoras beneficiarias del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 725 son mujeres, pero sus medidas no cuentan con un enfoque interseccional ni de género.
El abandono institucional ha aumentado la desprotección. Urgen políticas de protección verdaderamente integrales, preventivas e inmediatas que consideren los riesgos diferenciados. Como se compartió en el homenaje a Sandra, ellas siguen presentes con nosotras ¡ahora y siempre! No permitamos que su lucha quede en el olvido, ni que la omisión e indiferencia del Estado continúe.
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