No solo fue el Estado

El 2025 ha llegado a los límites que nunca imaginamos. México registra 133 mil personas desaparecidas, y Jalisco encabeza esta tragedia sin parar desde 2019. Tan sólo este año se localizaron más de 39 fosas clandestinas, liderando también a nivel nacional el número de cuerpos exhumados, y rebasando las capacidades forenses.

A cinco meses del hallazgo en Teuchitlán, parece que olvidamos demasiado rápido. El predio de Las Agujas, con más de 260 bolsas, ni siquiera ha terminado de procesarse, y la noticia ya se ha diluido. En los últimos días, cuerpos enterrados clandestinamente en el panteón municipal volvieron a confirmar la profundidad de la crisis.

Familiares de personas desaparecidas continúan supliendo las obligaciones de las autoridades, enfrentando cada vez mayores riesgos. Desde 2010, se han documentado más de 30 personas buscadoras asesinadas y desaparecidas, incluidos casos recientes de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, y la semana pasada, la buscadora Aida Karina Juárez Jacobo. Las familias no solo están rodeadas de muerte al buscar en campo o en Semefos. También se nombran muertas en vida o fallecen por enfermedades al somatizar el dolor y la angustia. Mientras tanto, el Estado, que falló a sus seres queridos, sigue sin protegerlas, dejándolas expuestas a que también les priven de la vida.

Desde 2010, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, nombrado por las familias como “el día que no debería existir”, que ante este contexto recobra mayor significado. Mediante protestas, misas o acciones de memoria, las familias exigen verdad y justicia. A pesar del tiempo, las demandas siguen siendo las mismas, y la esperanza se desvanece aún más. Incluso con leyes, mecanismos de búsqueda, instituciones o resoluciones, la falta de voluntad política ha impedido que los avances se traduzcan en respuestas reales.

Un ejemplo claro de cómo viejas prácticas han seguido intactas por décadas, fue el acto de disculpa pública, que por su carácter revictimizante debe recibir nuevas disculpas. Con soberbia y complicidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía de Jalisco, a través de su Vicefiscalía de Derechos Humanos, ignoró las peticiones de víctimas y desperdició una oportunidad histórica de ofrecer un acto digno y reparador, no solo para doña Natividad y su familia, sino para miles de personas.

“Las familias ya no sabemos a dónde voltear. (...) Se nos trata como un obstáculo y no como personas con derechos”, escuchamos durante la marcha del sábado. Asimismo, se hicieron llamados a las autoridades y a la sociedad, señalando nuestra responsabilidad en el incremento de las desapariciones. Sin duda, nuestro silencio e inacción ante el dolor ajeno abonan a que este terror de muerte y desaparición no sólo se normalice, sino que se agrave más, permitiendo la colusión, impunidad e incumplimiento, sin consecuencia alguna.

Desde 2021, Jalisco sigue esperando el Programa Estatal de Búsqueda, Registro de Fosas Comunes o reglamentos. Como pendientes permanecen también fiscalía autónoma, actualización del Registro Nacional, aumento del personal, prevención, reformar la ley de víctimas, reconocimiento de familias como grupo vulnerable y mecanismos de protección para personas buscadoras.

Frente a este horror que persiste, ya no caben más discursos vacíos, tiempos de espera, ni diálogos simulados. Se necesitan acciones con voluntad política y compromisos de “un nunca más” que verdaderamente trasciendan. Si esto hasta ahora no ha sido suficiente, ¿cuántas vidas más tendrían que arrebatarse para que nuestra indiferencia deje de ser cómplice del Estado?

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