Judicatura, cuates y negocios

La semana pasada los diputados locales nombraron a tres consejeros de la Judicatura y, como ha ocurrido en los últimos años, lo hicieron siguiendo el principio de “cuotas y cuates”. De los espacios disponibles, el partido Movimiento Ciudadano (MC) se quedó con dos, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), que había quedado marginado en los recientes repartos de magistraturas, designó a uno.

El esquema de reparto se repite una y otra vez, al grado de que parece que los ciudadanos ya lo damos por hecho. Y como en este caso se trata de los integrantes de un órgano cuya función no todos entienden, podría considerarse un asunto menor.

Pero no lo es. Y la prueba es que los panistas, que a lo largo de la actual administración han compartido el control del Poder Judicial con el gobierno naranja, esperaron pacientemente que llegara el momento de partir este pastel para reclamar su rebanada.

El Consejo de la Judicatura fue creado durante la gestión del panista Alberto Cárdenas, al aterrizar en el estado la reforma nacional integral al Poder Judicial.

El órgano colegiado es de índole administrativo y su objetivo era descargar este trabajo que antes correspondía al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, sobre todo, dar autonomía a la justicia de primera instancia, que es la que administran los jueces, respecto a la de segunda instancia, a cargo de los magistrados.

Con el paso de los años, como ocurre con la mayor parte de las instituciones del país, los políticos le metieron mano.

Lo primero que ocurrió fue que se convirtió en un órgano burocrático. Los grupos políticos vieron en esta nueva dependencia del Poder Judicial la posibilidad de colocar a sus amigos, familiares y militantes.

De esta forma, lejos de ser un órgano que fortaleciera a la justicia en primera instancia, el Consejo de la Judicatura se convirtió en una carga presupuestal, pues cada peso que aumentaba su gasto, era un peso menos para los juzgados. En un intento de reducir ese costo, se redujo de siete a cinco el número de consejeros, pero no sirvió de mucho. Incluso, durante el gobierno del panista Emilio González Márquez se buscó una nueva reducción a tres consejeros, que no prosperó.

La peor distorsión vino en la actual administración, cuando los políticos que controlan al Consejo de la Judicatura se dieron cuenta que su rentabilidad económica no estriba en convertirlo en una agencia de colocación, sino en los movimientos de jueces.

En abril de 2022 El Diario NTR Guadalajara publicó que de 2019 a esa fecha el Consejo de la Judicatura había cambiado de lugar a 251 jueces. Incluso, había un juez que en ese mismo periodo se había mudado, por decisión de los consejeros, en siete ocasiones.

Los criterios para los cambios, según testimonios de jueces, magistrados y abogados, eran jurisdiccionales. Es decir, desde la Judicatura se mueve a los jueces según conviene, ya sea por un asunto que se va a ventilar o para premiar a quien acata las decisiones de los consejeros o bien, castigar a quien no lo hace.

Por eso el nombramiento de consejeros de la Judicatura era una decisión muy importante. Los diputados entendieron el valor de esa decisión y actuaron en consecuencia, repartiéndose los espacios que, en el futuro, les podrían significar el control de la administración de justicia. Por eso, las calificaciones en la evaluación de los elegidos pasaron a segundo término.

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