Avalan ley para derechos de adultas mayores en Jalisco

Diputados y diputadas del Congreso de Jalisco avalaron Ley de los Derechos de las Personas Mayores de Jalisco, que es reglamentaria de la fracción ll del artículo 15 de la Constitución Política del Estado, y tiene por objeto regular y garantizar un sistema integral de atención y protección a las personas adultas mayores, estableciendo las condiciones necesarias para lograr la atención, bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los 60 años.

Entre las modificaciones principales está que promueven que puedan participar para opinar sobre los programas que les atañen; que antes de limitarlos en el goce de sus derechos se tiene la condición de que la declaratoria de su incapacidad se encuentre sustentada en un diagnóstico emitido por un médico especialista; y se promueve el derecho a que reciban trato preferencial en los trámites administrativos de prestación de servicios.

Además, establecen la apertura de ventanillas de atención preferencial y ventanillas únicas en dependencias estatales y municipales; y se incorpora la perspectiva de género, ya que las condiciones de las mujeres en edad avanzada ameritan especial atención, ya que son más propensas a carecer de pensión por jubilación.

La diputada Priscilla Franco, quien impulsó la iniciativa, explicó que esta ley llevaba un año en primera lectura, y el pasado 8 de octubre logró aprobarse, con la función de que las políticas públicas en materia de adultos mayores puedan concentrarse en la Secretaría de Asistencia Social.

“Y que esto pueda traer beneficios directos para las personas adultas mayores, garantizando los derechos y programas que ya existen en este momento, queden en la ley para que partido que llegue sean respetados”.

Enfatizó que en muchas ocasiones no hay quien defienda a las personas adultas mayores, por lo que se incluyó a la Procuraduría Social para evitar abusos contra ellos. Además, todos los municipios deben incluir el tema de ventanillas especiales.

“Estamos garantizando su independencia. Se debe tener un certificado por un médico especialista para que les diga que ya no están en sus facultades mentales para tomar decisiones sobre sus bienes, porque lo que sucedía es que la familia tomaba decisiones por ellos, y no los dejaba decidir ni dónde podían vivir”, mencionó Franco.

La legisladora agregó que el plazo para cumplir las disposiciones será de seis meses, por lo que es importante vigilar los presupuestos para que se hagan las adecuaciones correspondientes.

EH