Siapa, Fiscalía y salud concentran anomalías

En el sexenio pasado la Contraloría del Estado y 52 órganos internos de control detectaron 2 mil 8 faltas no graves y 197 faltas graves en los distintos entes estatales… y entre ellos los de mayor reincidencia fueron la Fiscalía del Estado (FE), el sector salud y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

También resaltaron el Instituto Tecnológico Mario Molina, el Hospital Civil de Guadalajara y el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej), según información proporcionada por la Contraloría estatal. En los datos entregados sólo se dio cuenta de la recurrencia en faltas en dichos entes, pero ésta no fue detallada.

La misma fuente indica que, tras detectarse y confirmarse las faltas graves y no graves, se interpusieron 242 denuncias penales, 309 inhabilitaciones, 297 suspensiones sin goce de sueldo y 145 amonestaciones públicas.

Entre las faltas calificadas más recurrentes se encuentran la omisión en la presentación de la declaración de situación patrimonial, el incumplimiento a las disposiciones jurídicas que norman el servicio público (por acción u omisión), el abuso de funciones, el desvío de recursos y el peculado.

De acuerdo con la Contraloría estatal, las áreas más recurrentes de faltas son adquisiciones, operativas de trámites, servicios y atención al público, así como las administrativas de los entes.

El coordinador general de Proyectos de la dependencia, Salvador Rolón Romero, indicó en entrevista que muchas veces las faltas graves encuadran en delitos que ameritan denuncia penal por la similitud que guardan con lo estipulado en el título séptimo del Código Penal del Estado de Jalisco, el cual aborda los delitos por hechos de corrupción, por lo que pueden ser investigadas por ambas vías.

“Porque antes se tenía la creencia de que solo se podía llevar por una etapa, y no; sí puede haber consecuencia penal y hasta patrimonial”.

EL PROCESO DE REVISIÓN

En entrevista, el titular de la Dirección General de Promoción y Seguimiento en Combate a la Corrupción, Miguel Ángel Vázquez Placencia, explicó que la determinación de una sanción administrativa pasa por tres etapas: investigación, substanciación y resolución, y a la par aclaró que muchos procedimientos no se han cerrado debido a los recursos que puede interponer el presunto responsable: revocación, juicio de nulidad, apelación y amparo directo.

“Se hace una investigación, se ve que no tienen la declaración presentada y entonces hay un incumplimiento por parte de la servidora, servidor público y se hace la calificación de la falta (…) eso es un ejemplo de lo que nosotros en todo el grueso de la de la administración vimos, (hubo) evidente recurrencia de un descuido o el no querer presentar una declaración patrimonial”.

Cuestionado sobre cómo las faltas se califican en los órganos internos de control tienen como base el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el que se clasifican las faltas graves y no graves.

Al funcionario también se le pidió una comparativa sobre sanciones al funcionariado entre el sexenio encabezado por Enrique Alfaro Ramírez y el de Aristóteles Sandoval Díaz y, en respuesta, indicó que la administración que acaba de concluir es la primera se puede analizar de la forma descrita por las reformas en torno al Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), el cual apenas se consolidó en la pasada gestión.

Por su parte, Salvador Rolón añadió que, en el caso de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, muchas de intereses no están disponibles para consulta de la población –de varias sí se difunde su versión pública– porque así lo establece el Sistema Nacional Anticorrupción, pero acotó que eso no significa que la Contraloría no tenga acceso a ellas.

Abren procedimientos a proveedores y contratistas

En el sexenio pasado la Contraloría del Estado resolvió 72 procedimientos en torno a proveedores y contratistas, los cuales derivaron en 17 inhabilitaciones, nueve cancelaciones de registro y tres apercibimientos.

En ese sentido, el coordinador general de Proyectos de la dependencia, Salvador Rolón Romero, recordó que las adquisiciones representan 80 por ciento de las faltas graves.

Cuestionado sobre cuáles entes tienen más señalamientos relacionados a proveedores y contratistas, apuntó que como la administración estatal está centralizada la mayoría de las compras se hace a través de la Secretaría de Administración. Ilse Martínez 

El saldo de las faltas

• 242 denuncias penales
• 309 inhabilitaciones
• 297 suspensiones sin goce de sueldo
• 145 amonestaciones públicas

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