Ipejal enfrenta crisis y ocultan diagnóstico

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) enfrenta dificultades económicas y está en riesgo de “ser inviable financieramente en el mediano plazo” si no se toman medidas como el aumento en las aportaciones hasta el equivalente a 50 por ciento del salario de trabajadores, así como nuevos esquemas para el retiro, según el estudio actuarial elaborado por la empresa Valuaciones Actuariales del Norte (VAN) a petición del propio Ipejal.

El estudio actuarial, del que este diario tiene una copia, fue entregado el 30 de agosto del año pasado al Ipejal; sin embargo, no fue incluido por el actual director del organismo, Juan Partida Morales, en el paquete económico que como titular de la Hacienda Pública, en la pasada administración estatal, envió al Congreso del Estado, ya que remitió la actualización anterior.

El nuevo documento no se ha hecho público y la actual gestión del Ipejal tampoco ha dado a conocer cuál será la estrategia que se seguirá para resolver los problemas financieros del organismo. En cambio, en una sesión celebrada el 17 de enero se propuso incrementar el salario de los funcionarios de primer nivel hasta en 67 por ciento, incluido el del propio Juan Partida.

En el estudio actuarial se señala de manera literal que “se estima que el periodo de suficiencia del fondo de pensiones (periodo durante el cual los gastos se podrán cubrir con recursos propios) abarque hasta el año 2036”.

Agrega que el déficit actuarial actual del Ipejal es de más de 301 mil millones de pesos (mdp), por lo que de “no tomar medidas correctivas condena a la institución a una descapitalización, pues el monto de las pensiones seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en peligro la seguridad económica de los actuales y futuros pensionados e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones”.

Tras el análisis hecho de la situación financiera del Ipejal, VAN señala que lo ideal es que “la prima media general requerida para hacer frente a las prestaciones debería ser de al menos 50.31 por ciento de la nómina de cotización del personal activo” del 2024 a 2070 y, a partir de ese año, de 45.39 por ciento.

Actualmente el porcentaje de aportaciones respecto al salario de los burócratas en el estado es del 32 por ciento, el cual se determinó en la reforma que se realizó en 2009, año en que las aportaciones eran de 13 por ciento: 5 por ciento correspondía a los trabajadores y 8 por ciento al patrón.

Con la última modificación a la ley, el porcentaje de aportación fue incrementándose de manera gradual hasta llegar a 32 por ciento, del que 11.5 por ciento es aportado por el trabajador y 20.5 por ciento por el patrón, es decir, el ayuntamiento, organismo o el gobierno del estado.

HAY MÁS DE 48 MIL PENSIONADOS

Según los datos que aparecen en el estudio y que son la base de las conclusiones, actualmente el Ipejal tiene 131 mil 915 afiliados, mientras que el número de pensionados es de 48 mil 203. Los pagos anuales a estos últimos, de pensión y prestaciones suman, 11 mil 26 mdp.

Actualmente los requisitos para jubilarse son contar con 30 años o más de servicio y haber contribuido al fondo de pensiones por lo menos durante 20 años, lo que permite a los funcionarios retirarse con 100 por ciento de su salario de manera vitalicia, el cual puede transmitirse en 50 por ciento en caso de muerte a sus beneficiarios.

Los burócratas también se pueden pensionar por edad avanzada, a los 65 años de edad, con un porcentaje de su salario y si han aportado al menos durante 20 años. En la reforma de 2009 se agregó un tope de 39 veces el salario mínimo a la pensión para trabajadores que ingresaran a partir de esa fecha.

Según el estudio, la reserva financiera del Ipejal equivale a 67 mil 695.5 mdp, cifra de la que resaltan dos montos: 28 mil mdp en bienes inmuebles y 23 mil 705.9 mdp en inversiones en mercados financieros.

Los datos anteriores son lo que VAN tomó en cuenta para el diagnóstico sobre la viabilidad financiera del Ipejal y la conclusión es que con las aportaciones y obligaciones actuales comenzaría a descapitalizarse en 2036.

Ante ese escenario y además de las medidas económicas planteadas, la empresa propone reestructurar los esquemas de pensiones y sugiere el de beneficio definido, que es cuando el trabajador “conoce el monto de los beneficios a que tendrá derecho desde que ingresa a trabajar, normalmente financiado mediante el método de reparto y solidaridad intergeneracional”. También propone el de contribución definida, que es cuando el trabajador conoce el monto de sus aportaciones, pero no de los beneficios, “pues éstos dependerán del capital constitutivo acumulado en su cuenta individual a la fecha en que se otorgue la pensión”, así como esquemas mixtos que incluyen los dos referidos.

Finalmente, el estudio recuerda que el sistema de cuentas individuales puras es el único que garantiza la viabilidad financiera, pero “transfiere el riesgo a los trabajadores”, el cual disminuye si se va a un esquema mixto.

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