Instituto de Transparencia para el Pueblo: ¿réplica en Jalisco?

El 21 de marzo se promulgó la Ley General de Transparencia, que introduce a “Transparencia para el Pueblo”, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y que resolverá recursos de revisión sobre inconformidades por negativas o entregas incompletas de información pública. Este sustituye al Inai, cuya ignominiosa agonía contrasta con el resplandor de su ilustre nacimiento.

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) será operada por la SABG y continuará como la vía para consultas, solicitudes y recursos. Se mantienen las obligaciones como la publicación de nóminas, organigramas, deudas, contratos y auditorías, entre otras. Sin embargo, preocupa la posible judicialización de procesos de transparencia mediante juicios de amparo,

El Inai deliberaba a través de un órgano colegiado y “Transparencia para el Pueblo” tendrá un titular designado por el Poder Ejecutivo, lo que ha generado críticas por falta de autonomía. Pero antes de satanizar el modelo, recordemos que otros organismos desconcentrados de la administración pública federal, como el SAT o Cofepris, desde mi óptica han demostrado ser eficientes. Además, la autonomía sin límites también se prestó a casos de exceso y escándalos (algunos hasta de naturaleza dipsómana), como han documentado diversos medios.

La titular de la SABG, Raquel Buenrostro Sánchez, maestra en Economía por el Colegio de México, mostró seriedad y profesionalismo cuando estuvo al frente de uno de los órganos desconcentrados ya mencionados (el SAT). Entonces considero prudente otorgar el beneficio de la duda, sin dejar de ser acuciosos como observadores y vigilantes desde la sociedad civil.

¿Qué viene para Jalisco? Algunas voces proponen la creación de otro organismo autónomo garante de la transparencia, basándose en la autonomía de los estados, jurisprudencias y tratados internacionales. Pero el artículo 2 de la nueva ley general es claro: “Los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el Poder Ejecutivo de las entidades federativas son considerados como autoridad garante local”.

Jalisco también podría crear un órgano desconcentrado de la Contraloría del Estado, que ejerza los márgenes de libertad que permite la ley general. Eso requiere creatividad legislativa, así que los diputados y diputadas harían bien en acercarse al grupo de especialistas denominado “Compromiso Jalisco”, que ya talla el lápiz para afinar una propuesta desde la sociedad civil.

El éxito de este esquema dependerá de la seriedad y profesionalismo de las contralorías estatales y municipales para sancionar incumplimientos, además de aprovechar la cultura institucional de transparencia que ya existe en el estado y al capital humano especializado (algunos con posgrados en la materia), que debieran integrarse al nuevo organismo.

Atrás quedó el momento de desgarrarse las vestiduras y lamerse las heridas. Hay que ver hacia adelante y aportar desde nuestros espacios para que “Transparencia para el Pueblo” y su homólogo estatal sean mecanismos eficientes y confiables, garantizando el acceso a la información pública y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

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X: @julio_rios

* Profesor-investigador de la UdeG con posgrado en Transparencia; dirige Radio Universidad 104.3 FM

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