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El derecho fundamental tutelado por el artículo sexto constitucional –del cual derivan las leyes de transparencia– consiste en el “acceso a la información pública”, pero en la práctica se ha visto reducido al acceso a documentos.
Es decir, excluye información de impacto directo en la vida cotidiana de las personas, que también es generada por las autoridades en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, pero no necesariamente plasmada en documentos. La inteligencia artificial (IA) sería una gran aliada para difundirla.
Ejemplos: la ubicación de unidades del transporte público en tiempo real, la disponibilidad del agua del Siapa, el estado de obras viales, luminarias que no funcionan, existencia de medicamentos en farmacias públicas o traducciones automáticas a lenguas originarias.
Información de este tipo ya suele circular en grupos de WhatsApp o redes ciudadanas, lo que nos hace reflexionar: ¿de verdad es tan difícil que un gobierno desarrolle soluciones de este tipo? En Tepatitlán, un municipio mediano, por ejemplo, existe una app que muestra el recorrido en tiempo real de los camiones de basura. Entonces no es tan complicado.
Actualmente se discute en Jalisco la redacción de una nueva Ley de Transparencia –con la valiosa aportación de expertos del Grupo Compromiso Jalisco– y es el momento para incluir herramientas como un Transparen-Bot, desarrollado con IA, que respondiera preguntas sobre información que de todas formas es obligatoria (salarios, presupuestos, indicadores o proyectos) sin tener necesidad de internarse en los necios laberintos de la burocracia, o de los portales de transparencia, diseñados para desalentar y hasta espantar al ciudadano.
Expertos en protección de datos me han observado –con razón– sobre cómo garantizar que un chatbot no vulnere información personal al responder. La clave está en que estos modelos de IA se nutran exclusivamente de bases de información fundamental de transparencia (números, estadísticas, cifras) y nada más. Algo así como Notebook de Google, que solamente responde respecto a información y documentos previamente cargados.
Con todo esto no quiero decir que los documentos de transparencia dejen de publicarse. Son esenciales para el periodismo y la vigilancia política. Más bien me refiero a un ejercicio de Transparencia con Sentido Social (antes se le llamaba focalizada o proactiva). No una obligación de ley, sino un gesto de solidaridad con el ciudadano.
Mucho se repite como mantra que Jalisco ha estado a la vanguardia. Pero en esto vamos rezagados. InfoCDMX ya opera un chatbot para responder consultas en tiempo real sobre Obligaciones de Transparencia Común, por citar un ejemplo.
El artículo 55 de la nueva Ley General de Transparencia promueve la apertura gubernamental bajo lineamientos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Imaginemos entonces una herramienta poderosa que combine la automatización de respuestas y atención u orientación sobre trámites y servicios. Si los gobiernos pequeños no tienen capital humano para ello, pueden apoyarse en prestadores universitarios de servicio de carreras tecnológicas.
La mesa está puesta para acercar estos recursos a la sociedad y modernizar la transparencia en el estado.
*Profesor investigador del CUGDL de la UdeG
X: @julio_rios
jl/I