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Mejor restar
Durante la pandemia de COVID-19 se registró un alarmante incremento del 50% en las denuncias por abuso sexual infantil entre 2020 y 2021. Sin embargo, el 95% de estos casos permanecen impunes debido al deficiente trabajo de investigación de la Fiscalía del Estado, denunció Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe.
El activista señaló que, con frecuencia, los agresores pertenecen al entorno cercano de las víctimas –padres, abuelos, tíos o proveedores económicos–, quienes ejercen poder en una sociedad machista donde las mujeres son tratadas como objetos de propiedad.
Pérez destacó la denuncia presentada contra el exfutbolista Omar Bravo por una joven que asegura haber sido agredida sexualmente desde los 11 años. Consideró que se trata de un acto de valentía y un caso emblemático que debe abordarse con perspectiva de derechos humanos, no desde la admiración mediática al deportista. “Es una oportunidad para que se le vea como agresor y se sancione; de lo contrario, se perpetúan los crímenes”, afirmó.
Explicó que la mayoría de las agresiones ocurren dentro del entorno familiar y que las víctimas enfrentan procesos de revictimización ante errores de integración de las carpetas o la protección de figuras públicas por parte de las élites políticas y económicas, como ha sucedido con Félix Salgado Macedonio o Cuauhtémoc Blanco.
Pérez pidió a la Fiscalía actuar con rigor y a la sociedad evitar difundir imágenes o datos de las víctimas, ya que su exposición vulnera los procesos judiciales. Además, advirtió sobre el aumento de material sexual autogenerado por menores y la presencia de redes de trata en zonas turísticas como Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta.
“El 95% de impunidad en delitos sexuales es una invitación a repetirlos. Por eso urge fortalecer la educación sexual básica y las redes de apoyo”, concluyó.
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