Un poder que no exige respeto

Hace un par de semanas en El Diario NTR Guadalajara publicamos un documento que emitió el Consejo de la Judicatura con el cual solicitaba más recursos para hacer frente a proyectos y reformas, admitiendo que el manejo en la asignación del presupuesto evita que el Poder Judicial tenga autonomía. Pero ese no es el único factor que afecta. También lo es la intromisión de los partidos políticos en las decisiones internas de este poder y en su conformación. 

De hecho, para fundamentar la falta de autonomía por la insuficiencia de su presupuesto, la Judicatura cita una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los factores que afectan la autonomía de los poderes judiciales en los estados. Además de la dependencia económica, se menciona el “nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial”, así como el que no se respete la carrera judicial. 

Estos factores se cumplirán el 15 de diciembre, cuando se nombre al nuevo presidente del Poder Judicial, pero además cuando se designe a nueve magistrados en los espacios que han quedado vacantes a lo largo de casi dos años. 

La carrera judicial tendría que ser el camino por el que un abogado llega a convertirse en magistrado. Si bien es cierto que los esquemas de evaluación son importantes para garantizar mejores perfiles, la experiencia y, sobre todo, la buena trayectoria de los funcionarios judiciales tendrían que ser un factor determinante. Pero no sucede así. 

Desde que la designación de magistrados dejó de ser una atribución del gobernador en turno, tras la reforma aprobada en 1997, en el gobierno del panista Alberto Cárdenas Jiménez, los partidos políticos representados en el Congreso del Estado asumieron como uno de sus derechos el reparto. 

Así, comenzaron a llegar como magistrados asesores y asistentes de diputados, abogados con trayectoria, pero sin experiencia en la administración de justicia y ex funcionarios públicos con más carrera política que judicial. 

En la Sexagésima Legislatura, el entonces coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, insistió en denunciar este reparto de cuotas y cuates. Sin embargo, en las dos legislaturas posteriores, ya convertidos en fracción mayoritaria, los naranjas participan y propician el reparto. De hecho, cuatro de los nueve magistrados que nombrarán el 15 de diciembre serán decididos por los emecistas. 

Es ahí donde se da uno de los supuestos señalados por la Corte, sobre la violación a la autonomía del Poder Judicial, respecto al nombramiento de los miembros del Poder Judicial. 

Pero también se cumple con otra de las violaciones marcadas en esa resolución, sobre la carrera judicial. Este esquema de integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no permite que aquellos jueces que tienen un buen desempeño puedan aspirar de manera natural al cargo de magistrados; quienes han ascendido en el escalafón son excepción. 

El argumento de los diputados para participar en el reparto es que así funciona el sistema y que cuando se define a quién corresponde cada espacio, no pueden renunciar al que les toca. Algunos al menos intentan que su gallo cubra con cierto perfil, pero también hay fuertes rumores desde hace años que algunos partidos políticos venden esos espacios, como lo denunció Herbert Taylor, ex colaborador de Emilio González, en un video difundido por Eugenia Barajas, en el que señala a panistas de esta práctica. 

Este reparto se corona con la definición de la presidencia, con una fuerte influencia del gobernador en turno, lo que además permite tener a un Poder Judicial que no protesta, aunque el trato que reciba de los otros poderes no sea de respeto. 

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