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En los días que han transcurrido tras al atentado que se registró el 11 de julio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, los colectivos de familiares de desaparecidos han presentado argumentos que desvirtúan la versión de las autoridades estatales sobre las razones por las que los policías de la Fiscalía del Estado y municipales se encontraban en el sitio donde fueron colocados los explosivos.
La necesidad de que se conozca la verdad es indispensable, por la cantidad de víctimas de estos hechos y para que estos no sean aprovechados por el gobierno del estado para abandonar, más de lo que ya han hecho, la búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas.
La versión que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dio a conocer a la mañana siguiente fue que una mujer que forma parte de uno de los colectivos de búsqueda había recibido una llamada anónima en la que le informaron que en ese lugar había restos humanos. Ante ese llamado, agregó el mandatario, “atendimos el reporte y acudimos a revisar”, pero se trataba de una “trampa” para los policías.
Por estos hechos, anunció el gobernador, “con el propósito de cuidar a las personas que de manera auténtica están buscando a sus familiares, para no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pero también con la necesidad de revisar estos protocolos mediante los cuales se activan mecanismos de búsqueda a partir de denuncias anónimas, hemos decidido y queremos anunciar que ese tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos”.
Las autoridades han utilizado el atentado para desvincularse de las búsquedas. El mismo 13 de julio, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, cuya titular es Margarita Sierra, quien al comienzo del sexenio asumió un papel activo de acompañamiento a los colectivos que poco a poco fue abandonando, incorporó el argumento para hacerse a un lado en las búsquedas, señalando que “en reunión con las dependencias encargadas de llevar los procesos de búsqueda y con base en el tipo de ataque ocurrido, se decidió reajustar los protocolos de seguridad en favor de todas ustedes, por lo que en estos momentos cualquier búsqueda que se quiera originar de una llamada anónima no podrá ser cubierta”.
Indira Navarro, representante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, hizo en los días posteriores algunas precisiones que desvirtúan la versión oficial; entre estas, que cuando los colectivos conocen de la existencia de una fosa clandestina y piden el apoyo de las autoridades, este normalmente ocurre cuando ellas ya están trabajando en campo y encontraron restos humanos, pues la respuesta puede tardar desde un par de días hasta varias semanas. Además, aclaró, nunca buscan de noche.
Los colectivos también han precisado que a través de llamadas anónimas han encontrado más de 90 por ciento de los sitios con restos humanos, por lo que descartarlas significa en estricto sentido detener los trabajos. Entender el fenómeno de las desapariciones ha sido complejo para los jaliscienses, pero al no existir investigaciones reales por parte de la Fiscalía, solo los avisos de quien no quiere ser identificado han permitido encontrar miles de cuerpos.
Los colectivos ya dejaron claro a las autoridades, especialmente después de la manifestación de este domingo, que no dejarán de buscar y que mantendrán su atención a las llamadas anónimas, bajo los protocolos que ellos han ido diseñando con su propia experiencia.
Pero si los policías no estaban en acciones de búsqueda, ¿qué fue entonces lo que provocó el atentado del 11 de julio y qué hacían ahí los elementos de la Fiscalía y de la policía municipal? Las dudas se mantienen.
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jl/I