Agua para ¿todos?

Alguna vez escuché decir a un funcionario público, en su momento cercano al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora en funciones en un ayuntamiento gobernado por Movimiento Ciudadano (MC), que el verdadero “negocio” del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), entiéndase fuente de corrupción, son las factibilidades. Precisamente por eso llama a la atención que el organismo haya depositado esa responsabilidad en una empresa privada.

En el contrato que firmó el Siapa con la empresa Stratimex, SAPI de CV, se señala que ésta también se hará cargo, además de la cobranza a los usuarios deudores, del “servicio de inspección, verificación y ejecución de acciones vinculadas con trámites de factibilidad”.

Esa atribución implica “requerir el cumplimento de obligaciones y pago de derechos a los usuarios e inmuebles que no cuentan o se encuentra inconcluso el trámite de factibilidad”.

En el contrato se prevé que el Siapa entregue a la empresa los expedientes de quienes hacen gestiones para obtener una factibilidad. Los particulares deberán revisar los documentos entregados, para determinar el estatus en que se encuentra el trámite, pueden realizar una visita de supervisión y luego entregar un informe semanal a la Subdirección de Factibilidades Metropolitanas del Siapa de los dictámenes procedentes y los que no son viables.

Según la información que se puede consultar en la página web del Siapa, la factibilidad se solicita en “los casos de nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones del uso o destino de inmuebles o registros de obra ejecutada para la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable y drenaje, considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura instalada para su prestación, previamente a la obtención de la licencia de construcción”.

Esto significa que, ante la proliferación de nuevos desarrollos inmobiliarios, especialmente la construcción de edificios, la empresa contratada por el Siapa es la encargada de determinar técnicamente si es posible que esas nuevas unidades habitacionales cuenten con los servicios de agua potable, drenaje y, según nuevas disposiciones del Código Urbano del Estado, de drenaje pluvial.

Según ha quedado evidenciado en muchos de los desarrollos verticales, la factibilidad prácticamente resuelve si en la zona en la que se construye hay redes de agua y drenaje. Es decir, no se revisa la posibilidad de conexión de nuevas viviendas, especialmente cuando se trata de decenas o centenas de estas en espacios que antes ocupaban una o dos casas.

En la pasada administración estatal, cuando las autoridades aseguraban que en el Área Metropolitana de Guadalajara había más de un millón de viviendas sin acceso al agua, por lo que se presionó para terminar las obras de la Presa El Zapotillo, especialistas en el tema aseguraban que en realidad esas viviendas correspondían a los nuevos edificios construidos.

El Siapa tiene mucho que explicar respecto a las tareas realizadas en este rubro por la empresa Stratimex y, sobre todo, sobre las factibilidades que se hayan entregado a través de estos particulares. No podemos olvidar que todavía no hay certeza de que el abasto para el Área Metropolitana de Guadalajara esté garantizado por 50 años.

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