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El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es una caja oscura en la que no se sabe lo que sucede. A estas alturas, los ciudadanos tampoco sabemos para qué sirve.
El organismo surgió como un ente de coordinación integral entre los municipios que conformaban la primera zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. Aunque casi siempre el nombramiento del director ha sido una decisión del gobernador, hasta la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz los presidentes municipales tenían una participación activa real.
Esa intervención de los ayuntamientos también se reflejaba en la integración de la nómina, porque en todos los gobiernos el Siapa ha servido además como una agencia de colocación para todos aquellos compromisos que los políticos no podían asumir directamente en sus espacios. Por ejemplo, familiares de los alcaldes y regidores.
Pero la distribución de espacios no tocaba la parte técnica, donde un grupo con experiencia y especialización era el que se encargaba de que el Siapa, además de todo lo manoseado que era por los políticos, también sirviera para garantizar el abasto de agua potable y mantuviera en buen estado la red de drenaje.
Con la llegada de Movimiento Ciudadano el esquema de funcionamiento fue cambiando hasta que el Siapa dejó de ser la coordinación entre los municipios para convertirse en una especie de dependencia del gobierno estatal. Es decir, el gobernador toma todas las decisiones y los ayuntamientos dejaron de involucrarse. Esa es una de las razones del lío que se formó con el aumento a las tarifas todavía sin autorizar.
Y no es que el Siapa funcione mejor o peor si mandan los alcaldes o el gobernador. Lo único que sí podemos afirmar es que en la pasada administración el organismo vivió su peor declive, con los problemas más graves de cortes, desabasto, mala calidad del agua y de inundaciones durante el temporal.
En el Congreso del Estado está pendiente de dictaminar la propuesta para autorizar un incremento en las tarifas de 12.5 por ciento. Desde los gobiernos naranjas e incluso algunos académicos aseguran que el incremento se necesita porque el organismo requiere recursos para funcionar y los ciudadanos deben pagar por el agua que consumen.
En una de las mesas de trabajo que organizó el Poder Legislativo, el actual director del Siapa, Antonio Juárez Trueba, dijo que, de los más de 17 mil millones de pesos de la cartera vencida, 7 mil millones de pesos ya están por prescribir, por lo que ya no podrán cobrarse.
El problema es que el Siapa contrató a una empresa para que hiciera ese trabajo y, lejos de lograr una reducción, la ineficiencia en el cobro creció de manera importante. En 2019, el ahora ex director Carlos Torres Lugo, cuando apenas había asumido el cargo, declaró: “Nos debemos poner las pilas y tratar de enderezar cosas que están olvidadas en el organismo. Estoy hablando de una cartera vencida de más de 2 mil 700 millones”. Entre su llegada y su salida la deuda de los usuarios se disparó y ni para cobrar fue eficiente.
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