El plato de lentejas y El Zapotillo

A los abogados que todavía creen que el derecho es para defender al pueblo

“Jalisco no se vende por un plato de lentejas”, aseguró en abril de 2004 el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Se disponía a negociar con el gobierno federal que encabezaba Vicente Fox y el gobierno de Guanajuato el proyecto de abasto de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara y la ciudad de León.

Tras los acuerdos alcanzados para el reparto de agua, una entrevista con el ex gobernador terminó abruptamente cuando un reportero le preguntó qué tan suculentas habían estado las lentejas.

Más allá de la anécdota, esos acuerdos significaron el comienzo de una larga lucha legal para los jaliscienses, especialmente en dos frentes: los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que serían inundados con la construcción de la Presa El Zapotillo, y los productores de los Altos, ante la incertidumbre sobre el acceso al agua para actividades agrícolas y la decisión desde un escritorio de construir un acueducto desde la presa hasta la ciudad de León, sin revisar lo que había en los kilómetros que recorrería.

La lucha, a lo largo de los años posteriores fue contra el gobierno federal, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, los alcaldes de León y de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la indiferencia de los alcaldes de los municipios afectados.

Por la larga historia de este proyecto pasaron los candidatos a gobernadores por el PRI, Jorge Aristóteles Sandoval y de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, quienes pidieron el voto oponiéndose a las afectaciones por la presa, pero, una vez que ganaron lo olvidaron y se sumaron al proyecto.

El 17 de agosto pasado, el juez tercero de Distrito en materias Administrativa, Civil y del Trabajo dictó una sentencia definitiva relacionada con este tema, acumulando cuatro juicios de amparo. Tres de estos fueron presentados en 2010, es decir, hace 13 años, por los habitantes de Temacapulín, mientras que el cuarto corresponde a las acciones que promovieron el Ejido Agua de Obispo y los ganaderos de San Juan de los Lagos, por la invasión a sus tierras con el acueducto.

La sentencia puede parecer menos importante porque los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo ya no serán inundados, según la última decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, la corrupción tumbó el trasvase, la concesión y la construcción del acueducto que estaba a cargo de la empresa española Abengoa.

Pero quienes promovieron los amparos saben la trascendencia de esta resolución, pues da certeza legal a los acuerdos verbales alcanzados. El juez analizó las violaciones graves a derechos consagrados en la Constitución, como son el derecho de audiencia, la certeza sobre la propiedad, el acceso a un medio ambiente sano, entre otros.

Para el juez, los pueblos que serían inundados nunca fueron consultados, pero no de manera informal, sino según las figuras de participación ciudadana previstas por la Constitución. Incluso, declaró inconstitucional el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que habla precisamente sobre las consultas y la posibilidad de reservar la información relacionada con el proyecto.

También ordena al presidente dejar por escrito, a través de un decreto, los cambios al proyecto. Estos son la determinación de enviar el agua de la presa exclusivamente a la ZMG, no inundar los pueblos, dejar el llenado a un máximo de 40 metros y dar agua de la cuenca a los Altos.

El decreto es necesario para evitar ocurrencias de un nuevo gobernante. No vaya a ser que nos vuelva a tocar un plato de lentejas.

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