El Siapa y su manto protector naranja

El Congreso del Estado rechazó ayer la propuesta que de manera reiterada han presentado diputados de las bancadas de Hagamos y el PAN para que el director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Carlos Torres Lugo, comparezca ante los legisladores para hablar de las obras en el Parque San Rafael, las quejas de los usuarios sobre las deficiencias en el servicio de abasto y la mala calidad del agua.

Con la protección de la bancada mayoritaria, la de Movimiento Ciudadano, se evitó que uno de los funcionarios públicos con más cuestionamientos explique a los diputados, quienes según la legislación son los representantes del pueblo, qué sucede en el organismo que maneja.

Y eso que una comparecencia no es precisamente un gran ejercicio de rendición de cuentas. Podemos revisar lo que ha sucedido en reuniones similares, en las que se pueden destacar ausencias de los legisladores, poca preparación de los temas o reglas para que en el desarrollo del encuentro el funcionario en el banquillo pueda escabullirse.

Pero ni siquiera con esas ventajas los legisladores de Movimiento Ciudadano han permitido que los funcionarios estatales acudan ante el Congreso. Y en el caso de Carlos Torres Lugo no ha sido la excepción.

Aunque el Siapa es un organismo que ejerce las atribuciones de los ayuntamientos metropolitanos en la prestación de los servicios de abasto de agua y alcantarillado, la realidad es que responde más bien al gobernador. Los alcaldes prácticamente dejaron de tener injerencia al cierre de la administración estatal pasada, cuando el gobernador era el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien acordó la transición directamente con el actual mandatario Enrique Alfaro Ramírez, proceso en el que ya ni cubrieron las formas de consultar a los presidentes municipales.

El Siapa maneja un presupuesto importante. Tan solo para 2023 se autorizaron más de 5 mil 504 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento de más de 25 por ciento en lo que va de la actual administración estatal. En este mismo periodo, de 2019 a 2023, el gasto en nómina ha crecido más que el presupuesto total, casi 30 por ciento.

Además, cuando Carlos Torres asumió la dirección del Siapa el gasto en nómina representaba 28.7 por ciento del total del presupuesto, mientras que este año equivale ya a 29.6 por ciento, es decir, casi un punto porcentual más.

A pesar del crecimiento de la zona metropolitana y, en particular, de la cantidad de edificios que se construyen, la inversión en infraestructura por parte del Siapa a lo largo de esta administración ha sido mínima. El primer año la inversión pública fue del equivalente a 9.1 por ciento del total del gasto del Siapa. Al año siguiente subió a 10.6 por ciento y en 2021 a 11.5 por ciento. Pero después vino el descenso, pues en 2022 fue por 10.4 por ciento del total de los recursos disponibles y este año se presupuestó en 9.6 por ciento.

Otro rubro en el que vale la pena poner la lupa es el gasto en químicos. En 2019 fue de 150.2 mdp y en los dos ejercicios posteriores bajó a 145.3 mdp y 139.8 mdp, con un ligero repunte en 2022 a 141.2 millones. Ante las críticas constantes por la mala calidad del agua, este año aumentó a 250 mdp.

Y además de los números, está el manejo del agua, severamente cuestionado por las fugas, las inundaciones, las crisis en el estiaje en el que no se toman las medidas necesarias y la entrega de factibilidades para que la metrópoli siga creciendo sin disponer de mayores volúmenes para el abasto. Pero ante el manto protector de los legisladores, las dudas sobre la que parece la más deficiente gestión del Siapa seguirán en el aire.

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GR