Ocultar la verdad

El 22 de junio del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Ejército abrir los archivos referentes a la llamada Guerra Sucia: los crímenes y otros actos violatorios a los derechos humanos que cometieron agentes del Estado mexicano contra opositores en la última mitad de siglo pasado. Especialmente entre los años 60 y 90.

Torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias forman parte del catálogo de violaciones a la ley y a los derechos humanos causados por agentes policiales y elementos de las Fuerzas Armadas.

En el Campo Militar 1-A, donde se perpetraron algunas de estas tropelías, el presidente pidió aquel día al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, abrir las instalaciones y los archivos militares. Y dijo: “No ocultemos nada, absolutamente, cero impunidad”.

Desde que era candidato López Obrador prometió que se investigarían los hechos y que se impartiría justicia. El 6 de octubre de 2021 publicó un decreto para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Como parte de la comisión se creó el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) que comenzó a investigar los hechos.

Sin embargo, las personas que integran este equipo se han topado con que la instrucción del presidente para abrir los archivos no se ha cumplido.

El 11 de octubre pasado publicaron un pronunciamiento en el que denuncian “la obstaculización de la Secretaría de la Defensa Nacional en las tareas de consulta de la documentación histórica vinculada a violaciones a los derechos humanos que es resguardada en archivos militares”.

Aunque el decreto presidencial les otorga facultades plenas para la consulta de los documentos, en la realidad se han encontrado con que personal militar oculta “información por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes”.

“Ante ese panorama, el Mecanismo ha decidido retirar formalmente al equipo de personas investigadoras que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre, mientras no se modifiquen las condiciones antes señaladas”, añade el comunicado.

El Mecanismo elaboró dos informes titulados Las formas del silencio y La obstrucción de la verdad en los que precisan y documentan los hechos.

Sin embargo, en lugar de atender las quejas y asegurarse de que la información sea entregada López Obrador respondió como suele hacerlo: descalificó a las personas que integran el Mecanismo.

En una de sus conferencias de prensa dijo: “Están malinformados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad”. Y añadió: “Si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen, y ya buscamos a otras personas que nos ayuden. Es un poco lo que hicimos cuando el fiscal de asuntos especiales de Ayotzinapa”.

Uno de los integrantes del MEH, el jesuita David Fernández Dávalos, publicó un artículo en la revista Proceso en el que advierte que “el discurso que utiliza el presidente para exculpar a los militares de su participación en terribles hechos de violencia del pasado y del presente es el mismo que han usado las viejas dictaduras del continente: la obediencia debida y la manzana podrida”.

Tras reiterar que quienes integran el MEH quieren cumplir su mandato para avanzar en el esclarecimiento de lo que ocurre en el país y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, afirma que hoy la “Guerra Sucia continúa, pero con otros medios”.

Para que las comisiones de la verdad puedan cumplir con su labor se requiere que se respete su autonomía, que puedan actuar con total libertad y que tengan acceso a toda la información, pero eso no está ocurriendo en México. El esclarecimiento de la Guerra Sucia será otra de las promesas incumplidas del presidente.

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