La niñez y el abandono

Si de algo hemos sido testigos en lo que va de este sexenio es de un montón de hechos históricos que al día siguiente se pierden en lo que sigue y de los que muy pocos se acuerdan. Uno de esos acontecimientos quedó registrado en mayo de 2022, cuando se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Proespinna).

El mencionado programa comienza con un texto firmado por el gobernador Enrique Alfaro, en el que le asigna trascendencia: “Por primera vez en su historia, Jalisco cuenta a partir de hoy con un documento fundamental para la atención y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que habitan en nuestro estado”.

Pero como la mayoría de los instrumentos de planeación redactados desde escritorios, este programa dista mucho de lo que se hace. Un ejemplo de esto quedó evidenciado en una de las recomendaciones que emitió el jueves pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), después de la revisión que hizo a 300 centros de rehabilitación contra las adicciones a los que son enviados niñas, niños y adolescentes.

Los hallazgos de la CEDHJ en este trabajo que comenzó en 2019 son la violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal de menores de edad, que son enviados a los llamados coloquialmente anexos, en los que son mezclados con adultos y, por lo tanto, sometidos a maltratos y abandono institucional.

De entre los señalamientos que hace la defensoría, sin duda hay uno que tendría que encender las alertas: autoridades estatales y municipales han enviado a estos anexos a menores de edad que no tienen relación con el consumo de drogas, solo porque quedaron bajo su tutela y no hay espacio en los albergues en los que se recibe a niñas, niños y adolescentes.

Es cierto que el gran desorden que hay en torno a los menores institucionalizados no es un problema de la actual administración estatal. De hecho, conocemos de esta crisis cuando un caso se vuelve mediático: un menor muerto en un albergue, un video en el que se ve que es agredido físicamente, adopciones ilegales, entre otros escándalos de las últimas décadas.

Por lo general, lo que enfrentan las niñas, niños y adolescentes que por diferentes razones no están con sus familias y que por lo tanto el Estado ha tenido que asumir la responsabilidad sobre su vida, es un secreto. En muchas ocasiones salen de su familia por hechos violentos y son trasladados a espacios en los que su condición no solo no mejora, sino que incluso puede ser peor.

A finales del año pasado, después de diferentes trabajos que se han realizado, se conoció que en Jalisco hay más de 5 mil 200 niños institucionalizados, es decir, que vivieron eventos que vulneraron sus derechos y por lo tanto quedaron bajo la tutela del Estado.

Según los datos del diagnóstico del Proespinna, en el estado hay más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan 30.31 por ciento de la población, con lo que es la segunda entidad con más habitantes menores de edad.

En la presentación del programa se asegura que para el actual gobierno “el desarrollo de las niñas y niños es un tema en el que hemos trabajado a tope de medios y capacidades”. La realidad es otra. Lo vemos con las ocasiones en que son expuestos a la violencia que aqueja al estado, cuando no son una prioridad a pesar de ser hijos de desaparecidos o de mujeres víctimas de feminicidio, o cuando son víctimas de delitos sexuales y no llega la justicia. Y aunque parezca un lugar común, si no se trabaja por los niños, no podemos aspirar a una mejor sociedad en el futuro.

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