La dignidad que se hizo costumbre

El Estado mexicano violó los derechos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Desde que se decidió que se construiría la Presa El Zapotillo y los tres pueblos desaparecerían, fueron presionados u olvidados.

Por eso, el viernes pasado les ofreció disculpas. Un acto simbólico que significa que el gobierno federal asume la responsabilidad que implicó para los tres poblados la pesadilla por la amenaza de desaparecer.

“El Estado mexicano violó el derecho a la vivienda digna y adecuada, el derecho de participación en la formulación de planes o proyectos de infraestructura, el derecho a la propiedad, el derecho a la manifestación, el derecho a la información, el derecho a tener recursos judiciales efectivos, el derecho a la paz social, el derecho al agua y el derecho a la libertad de asociación”, enlistó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

A lo largo de casi dos décadas, los habitantes de los tres pueblos enfrentaron las presiones para abandonar sus casas. Fueron víctimas de las mentiras de autoridades estatales y federales que aseguraban que serían trasladados a centros habitacionales de mejores condiciones.

En agosto de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Temacapulín para anunciar su decisión sobre el proyecto de la Presa El Zapotillo. En las semanas previas había sostenido reuniones con los diferentes actores, incluidos los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quienes intentaron engañarlo asegurando que ya había acuerdo para llevar la presa a los 105 metros.

La decisión final fue dejar el llenado de la presa en 40 metros y abrir una serie de ventanas en la cortina para evitar el riesgo de inundación de los pueblos. Además, se dejó fuera del proyecto a la ciudad de León, Guanajuato, determinando que el agua almacenada será para el Área Metropolitana de Guadalajara.

La supervivencia de los tres poblados no fue una concesión de las autoridades. Es, en todo caso, la conclusión de una lucha llena de dignidad. Recuerdo las palabras de Lencho, en Acasico, cuando le pregunté por qué se había quedado y no había aceptado demoler su casa. Me contó que había escuchado a una de las mujeres del pueblo decidida: “Otro cabrón aquí en lo mío no manda”. Así que él también resistió.

Las historias que se han contado a lo largo de todos estos años hablan de familias que se encerraban en sus casas, dispuestas a quedarse ahí si inundaban Temacapulín. O cuando ya no creían que ocurriría, porque se dieron cuenta que la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos de Jalisco y federal habían complicado el proyecto, tanto de la presa, como del acueducto que llevaría el agua hasta la ciudad de León, Guanajuato.

“Hay un sofisma de que la vida de la ciudad, el ladrillo, el cemento, el aire acondicionado, es un plus, cuando realmente quienes hemos experimentado el campo, preferimos el campo. En los pueblos, cuando dices sí es sí y no es no. Temaca ya dijo no a la presa”, me declaró Gabriel Espinoza, unos días después de que se difundió aquella imagen en la que era detenido por guardias de seguridad en una reunión en palacio de gobierno, cuando el ex gobernador Aristóteles Sandoval les dijo que habían perdido y el pueblo desaparecería.

Sin duda alguna, la historia de la resistencia de Temacapulín, Acasico y Palmarejo está llena de dignidad. La dignidad se les volvió costumbre.

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