Recriminan que México rechace recomendaciones sobre seguridad y justicia

Las 300 organizaciones que forman parte del colectivo del Examen Periódico Universal (EPU), entre las que está el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), recriminaron al Estado Mexicano por negarse a atender 14 recomendaciones hechas por 115 países en materia de seguridad, justicia y movilidad humana, principalmente.

México, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), recibió 318 recomendaciones de parte de 115 países. El día de hoy, el Estado Mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para responder a esas recomendaciones.

En el EPU, se destacó que México avanzó en materia social, pero también se le señaló por la persistencia de la crisis en derechos humanos.

El colectivo EPU reconoció al Estado Mexicano por aceptar las recomendaciones en temas como la violencia contra mujeres y niñas; desapariciones forzadas; migración y desplazamiento forzado interno; la igualdad de género; independencia judicial; tortura; combate a la impunidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; o empresas y derechos humanos.

Así como para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; personas LGBTIQ+; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; personas periodistas y defensoras de derechos humanos, entre otros.

Pero dejó de lado 14 recomendaciones que tienen que ver con justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno.

Entre las recomendaciones no aceptadas destacan las referentes a la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes.

También está la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad; y cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública, como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos civiles externos para la rendición de cuentas de los agentes militares en este contexto y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas de orden, describió el colectivo.

“La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus obligaciones internacionales en derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad internacional expresada en las mismas, así como con el diagnóstico que realizamos desde la sociedad civil”, recriminaron.

Lamentaron que el discurso utilizado por le Estado Mexicano para no atender algunas recomendaciones está fuera de la realidad. Por ejemplo, sobre la Guardia Nacional se dijo que siempre ha estado bajo un mando civil, cuando en la realidad se busca una reforma desde el Ejecutivo federal para adscribir a esta institución a la Sedena.

“Desde el Colectivo EPUmx llamamos al Estado mexicano, y en particular, a la próxima administración, a considerar seriamente las recomendaciones de las que ha tomado nota en la medida que abordan temas cruciales para abordar la situación que vive el país y asumir las recomendaciones aceptadas como una guía para la adopción de políticas y programas concretos”, concluyeron.

EH