La ¿autonomía? del Poder Judicial

Diana es una abogada exitosa. Ella y su esposo han formado un patrimonio importante, resultado del trabajo del despacho que compartían. Todo caminaba bien, hasta que tuvieron una crisis conyugal y ella pidió el divorcio. Así comenzó la pesadilla, construida sobre la base de la corrupción del Poder Judicial.

Ella se dio cuenta de que las cosas no marchaban bien cuando la jueza que llevaba el caso se negó a recibirla. Tampoco le permitieron acceso al expediente.

Para no hacer el cuento muy largo, otro juez le dijo que se pusiera alerta, pues mientras ella hacía antesala a la jueza, ya todos los bienes de la sociedad conyugal habían sido transferidos a la familia de su esposo, bajo la figura de la donación, menos un inmueble, con el que había pagado a un político de alto rango una sentencia a favor de su marido, con una cereza en el pastel: en los próximos días le darían a él la patria potestad sobre sus dos hijos menores.

Este caso es real, salvo el nombre de la víctima. La corrupción en el Poder Judicial siempre ha existido, lo sabemos todos, pero vivió sin duda su mejor momento en la pasada administración, encabezada por Enrique Alfaro Ramírez.

¿Es el gobernador en turno el responsable de la corrupción en otro poder? La respuesta absoluta es sí. Porque en Jalisco la división de poderes es solo una leyenda que cuenta la Constitución local.

El nivel de la corrupción ha dependido del nivel de intervención del gobernador en turno.

La relación Ejecutivo-Judicial, en resumen, ha tenido más o menos este tránsito: en las épocas del “partidazo” priista era prácticamente una dependencia del Ejecutivo. Vino la reforma del panismo, con Alberto Cárdenas, donde tal vez alcanzó el mayor nivel de autonomía, todavía conservada con el panista Francisco Ramírez Acuña, aunque en ambas administraciones sus colaboradores no dejaron ir la oportunidad de colocar a magistrados y consejeros de la Judicatura afines a ellos.

El gobierno de Ramírez Acuña cerró ya con una clara intromisión, a través de José María Martínez, a quien Eduardo Rosales, el brazo derecho del ex gobernador, delegó esa tarea. El ahora regidor morenista entendió perfectamente el valor en la designación de jueces y hacia allá apuntó sus baterías.

La línea divisoria entre los poderes comenzó a ser más tenue en los gobiernos de Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, hasta prácticamente desaparecer en la administración pasada.

¿Sabía Enrique Alfaro que la justicia en Jalisco se vendía al mejor postor, presuntamente por órdenes suyas? Es difícil saberlo. Sin embargo, las personas que él asignó para esa tarea, su ex cuñado Rafael Martínez, y su abogado, David Bernal, así lo señalaban cuando daban indicaciones.

La grabación que dio a conocer la periodista Elsa Martha Gutiérrez, sobre una conversación del ex presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, es una crónica fiel de cómo funcionaba. Las confesiones del todavía magistrado hasta podrían servir como diagnóstico sobre ese poder.

¿Habrá cambios con el gobierno de Pablo Lemus y al aterrizar la reforma al Poder Judicial? La respuesta es difícil en este momento. La designación de Arturo Zamora Jiménez abre la puerta a un cambio verdadero. Como jurista, entiende la importancia social de un Poder Judicial fuerte y hasta en su etapa como político se mantuvo al margen de los escándalos. La duda es si tendrá margen para actuar.

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GR