En la redacción estábamos en silencio. Solo se escuchaban las televisiones prendidas, todas en el mismo canal, viendo una rueda de prensa que nos tenía con el estómago hecho nudos. Un chasqueo por allí, un suspiro por allá. Expresiones de desesperanza, caras consternadas, incrédulas.
La información que compartían las autoridades estatales a finales de abril de 2018 señalaba que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, la línea de tiempo y las declaraciones obtenidas, Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, estudiantes del entonces Centro de Artes Audiovisuales, habían sido asesinados y sus cuerpos, disueltos en ácido, sin que quedara rastro de ellos.
Hubo quienes, incluidos familiares, entonces —y aun ahora— exigieron su presentación con vida.
Este 19 de marzo se cumplieron siete años de su desaparición. Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco fueron secuestrados por integrantes del crimen organizado, según la Fiscalía del Estado. A la fecha, si bien hay detenidos y condenados, los cuerpos nunca fueron encontrados.
De acuerdo con las investigaciones, los estudiantes fueron confundidos con miembros de un grupo criminal antagónico. La Fiscalía, en esa rueda de prensa a casi cinco semanas después de los hechos, afirmó que sus restos fueron disueltos en ácido, una versión que ha sido cuestionada por familiares y defensores de derechos humanos durante todo este tiempo debido a la falta de pruebas contundentes.
Desde el inicio, el caso estuvo marcado por inconsistencias en la investigación, demoras en la búsqueda y falta de transparencia por parte de las autoridades. A pesar de las movilizaciones y la presión social, la respuesta gubernamental fue considerada insuficiente y tardía.
La desaparición de los estudiantes del Caav es uno de los miles de casos en Jalisco, entidad que concentra el mayor número de desaparecidos en México, con más de 15 mil personas en esta situación. Familias y colectivos han denunciado la inacción de las autoridades, la revictimización y la falta de avances en las investigaciones.
A pesar de los años transcurridos, la exigencia de justicia para los jóvenes y sus familias sigue vigente. Sus nombres se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Jalisco, mientras aún hay preguntas sin respuesta.
El discurso que hasta ese momento las autoridades daban, y la propia sociedad nos creíamos y hasta justificábamos, era de que las desapariciones, los asesinatos, los secuestros les ocurrían a personas, a jóvenes que en algo andaban, que seguían malos pasos, que tenían malas amistades, que consumían drogas, que…
Pero los tres estudiantes eran eso. Jóvenes estudiantes. Nadie pudo estigmatizarlos, nadie les encontró nada para culparlos a ellos de lo que había ocurrido, nadie los pudo señalar. Y eso tocó profundamente, porque un sector importante de la sociedad se dio cuenta de que en realidad ya nadie estaba a salvo de ser una víctima. Eso sí, entonces las autoridades nos comenzaron a hablar de estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, cuando ellas son las que deben garantizar que nuestras ciudades, nuestros estados y el país entero no sean “lugares incorrectos”.
Poco ha cambiado desde entonces.
En siete años.
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