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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
He hurgado en mis recuerdos buscando alguna experiencia personal que me permita, como lo hago cada semana, dar introducción al tema que quisiera abordar hoy, pero no encuentro nada que pueda ser comparable a los sentimientos que me provoca lo que hoy sucede.
Pensé en los hechos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando fueron abatidos por las balas muchos estudiantes y ciudadanos que participaban en el mitin del llamado Movimiento del 68 y, después, otros muchos fueron detenidos y muchos de ellos desaparecidos posteriormente.
Es hostigamiento de la Liga 23 de Septiembre hacia las autoridades podría ser otro tema. Acciones terroristas como robar o volar cajeros automáticos o el secuestro y asesinato de personas y empresarios fueron sonadas actividades que, sin embargo, no se comparan con el tema actual que rebasa los niveles de asombro, indignación y temor de la mayoría.
Es de todos conocido el trabajo que realizan los colectivos de búsqueda de desaparecidos en el país, que, aunque ignorados por muchos gobiernos, han conseguido imponer un ritmo de investigación y búsqueda de personas, vivas o muertas, que ha dado resultados inesperados para las autoridades, cuando descubren lugares de inhumación en fosas clandestinas.
Así, han sido recuperados decenas de cuerpos entre los cuales, hay que decirlo, han encontrado a personas desaparecidas que eran buscadas por familiares integrados en esos colectivos. Estos hallazgos han contribuido también a acrecentar la crisis forense existente evidenciada cuando surgió el escándalo de los llamados tráileres de la muerte que almacenaban los cuerpos y fragmentos que no cabían ya en los congeladores del Semefo.
Difícilmente podría pensarse que habría un hallazgo más terrorífico que aquel; sin embargo, hace un par de semanas, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco difundió el hallazgo en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, de un campo de exterminio y entrenamiento del crimen organizado.
En ese lugar encontraron cientos de piezas de ropa, calzado, mochilas y utensilios personales de presuntas víctimas. También hallaron ahí varios lotes de huesos humanos y varias fosas con hornos crematorios.
El lugar ya había sido intervenido por la Guardia Nacional y agentes de Fiscalía del Estado en septiembre de 2024, pero la investigación fue inexplicablemente suspendida con el pretexto de que el rancho es muy grande.
Parece claro que Enrique Alfaro había pactado no meterse en ciertos asuntos, como el de los desaparecidos, pero hoy todo indica que Pablo Lemus actuará diferente, pues ha impulsado que la investigación sea encabezada por la Fiscalía General de la República, con la colaboración de la Fiscalía de Jalisco.
Aun así algunos hechos dan mucho que pensar. El fiscal general de la República acordó la semana pasada hacer una visita, junto con la Fiscalía Estatal, al Rancho Izaguirre y convocó a los colectivos y familiares de desaparecidos, académicos, organizaciones sociales y a los medios de comunicación para los que hubo todo un protocolo de acreditación.
Al final no aparecieron ni el Alejandro Gertz Manero ni Salvador González de los Santos. Los asistentes encontraron los terrenos limpios con los espacios bloqueados por cintas amarillas y una muy deficiente organización de la que resultó una caótica visita. Los vestigios tales como zapatos, prendas de ropa y accesorios encontrados y documentados por el colectivo habían desaparecido. Fue un circo organizado para sustentar la mentira de que no era lo que se demostró que sí fue.
Lo deseable sería que se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan.
Así sea.
X: @benortegaruiz
jl/I