Desapariciones: reorientar el fallido rumbo

Las mesas de trabajo con colectivos de buscadoras y de familias con desaparecidos, a las que convocó el gobierno federal, empezaron este lunes 7 de abril. Comenzaron con Guerreros Buscadores de Jalisco, uno de los más activos en el trabajo de campo, que ha localizado numerosas fosas clandestinas y al que se deben los hallazgos del Rancho Izaguirre, de Teuchitlán. Lo descubierto y revelado por el colectivo con fotografías, videos e indicios exhibió horrores, complicidades y parsimonias políticas. El caso repercutió a nivel nacional e internacional. Le explotó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en manos de la 4T, reacios a reconocer las crisis de desapariciones, forense y de impunidad en México.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum las desapariciones no habían sido prioridad. No hizo mención alguna en los 100 compromisos que dio a conocer en el Zócalo capitalino, ni abordó el tema en sus primeros meses de gobierno, quizá por el desastre que dejó su antecesor, y ni se reunió con colectivos de madres buscadoras. Tal vez influyó que comenzaba su sexenio y optó por no confrontar en el tema de las desapariciones a Andrés Manuel López Obrador, su mentor y jefe político. Además de que la cúpula política de Morena no se distingue por tener personajes que desde hace años hayan apoyado a las familias con desaparecidos.

En un contexto en que se incrementaron las privaciones ilegales de la libertad en el país y se desarticularon organismos oficiales responsables de atender la grave problemática nacional, lo que recibió del tabasqueño la mandataria fueron crisis cada vez mayores. Si bien en el sexenio anterior se aprobaron importantes leyes relacionadas con las desapariciones, AMLO no supo enfrentar lo que ocurría. Su desdén a los señalamientos lo llevó incluso a rechazar puntuales críticas y propuestas de solución que en 2022 le hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en el documento Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones.

Pero tras las repercusiones nacionales e internacionales del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, era ineludible para la presidenta dar pasos adelante o mantener similar discurso y decisiones de AMLO. Una medida fue pausar su iniciativa de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que originalmente no consultó con los colectivos de familias con desaparecidos, y que fue cuestionada por incorporar cambios que ya existían en ambas leyes. Otra decisión fue empezar a escuchar a los colectivos con la promesa de incorporar sus observaciones. Una más, que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las desapariciones son una prioridad del Estado mexicano.

Ante las mesas de trabajo con el gobierno federal hay dos posturas de los colectivos, defensores de derechos humanos y expertos: una, que considera necesario dialogar, llegar a acuerdos e ir de la mano con el gobierno federal; y otra, que desconfía, harta de reuniones con los tres niveles de gobierno que no resuelven los problemas.

La presidenta tiene que dejar atrás las fallidas políticas de AMLO sobre las desapariciones, reorientar el rumbo y demostrar que está del lado de las víctimas.

X: @SergioRenedDios

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