Crecer aeropuerto: ruta de conflictos

La ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla no pasa sólo por el conflicto con el ejido El Zapote, por la disputa de más de 51 hectáreas de lo que se conoce como la Presa San José. Según el proyecto para la construcción de la nueva pista, hay más predios que serían afectados, los cuales son de origen ejidal, de otras comunidades y pequeños propietarios.

El trazo del nuevo aeropuerto, del que El Diario NTR Guadalajara obtuvo una copia, plantea que la segunda pista corra de manera paralela a la actual. Los predios que se requieren para que eso sea posible no incluyen el de la actual disputa legal con el ejido El Zapote.

Lo anterior, sin contar el conflicto pendiente por el pago de las 306 hectáreas expropiadas a los ejidatarios para la primera ampliación del aeropuerto, según un decreto firmado por el ex presidente Luis Echeverría el 19 de septiembre de 1975.

Según los planos, la pista pasaría primero por un terreno de 51.1 hectáreas, que también pertenecen al ejido El Zapote, pero que son distintas al del reciente conflicto. El polígono se completa con 25.5 hectáreas de Las Juntas, un pequeño predio de 3.7 hectáreas de El Salto, 57.1 hectáreas de una familia de apellido Zermeño, otro terreno de 8.8 hectáreas de Las Juntas y, finalmente, otras 2.4 hectáreas del ejido de Santa Cruz del Valle. Es decir, un total de 148.6 hectáreas.

De esta forma, entre las dos pistas quedaría otro polígono de 177 hectáreas, en las que sí aparece la presa San José. Este predio se encuentra al centro de otros dos terrenos, uno perteneciente al ejido El Zapote y otro más del ejido Santa Cruz del Valle. En el caso de este último, hubo una permuta con el ejido El Zapote, a cambio de terrenos que quedaron al sur del aeropuerto, en un arreglo entre los dos ejidos.

Los ejidatarios de El Zapote sostienen que han tenido la posesión de la Presa San José, utilizada para el riego de los predios aledaños, en los cuales llevan a cabo labores agrícolas. Esta presa inundaba el predio ubicado a un lado, en posesión del ejido Santa Cruz del Valle, por lo que se buscó la permuta.

La presa ha sido calificada como una excedencia por parte de las autoridades federales, por lo que no puede considerarse como una dotación adicional al ejido. Sin embargo, Nicolás Vega, uno de los representantes de los comuneros, ha sostenido que han tenido la posesión, lo que finalmente fue considerado en las suspensiones que obtuvieron a su favor en juicios de amparo.

Ese terreno es el que había sido cercado por el presunto agricultor David Arturo Esquerra González, lo que provocó que el aeropuerto presentara una demanda y consiguiera medidas cautelares para que esa persona se abstuviera de “ingresar o invadir el inmueble”, lo que motivó que fuera resguardado por elementos de la Fiscalía General.

Tras instalarse una mesa de negociación con autoridades federales, estatales, aeroportuarias y representantes ejidales en la Ciudad de México, finalmente el gobierno del estado aceptó retirar a sus elementos el 10 de mayo, por lo que además se quitó el alambrado que se había colocado.

Después de eso, no ha habido más acercamientos ni negociaciones, por lo que el viernes 1 de junio, los ejidatarios de El Zapote retomaron las acciones de protesta. Nicolás Vega reiteró que mientras no se resuelva el conflicto del juicio principal, no negociarán las tierras para la ampliación del aeropuerto.

Además, consideró que se ha utilizado la información de manera irregular para confundir a la población, pues el predio que pertenece a El Zapote y que resultaría afectado por la construcción de la segunda pista, no es el mismo del conflicto reciente, a pesar que tienen una superficie similar.

Reiteró que al ser el predio más cercano al aeropuerto, aun cuando se negocie con los propietarios del resto del polígono, la ampliación no será posible sin el aval de su ejido.

Resoluciones sobre el predio en disputa

•  El 11 de abril, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión de plano en el amparo 1091/2018 “para que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente, temporal o definitiva de los bienes agrarios” al ejido El Zapote, respecto de una superficie de 50 hectáreas de la Presa San José y 86 hectáreas del predio Loma Parda
•  El 16 de abril, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión de plano en el amparo 1064/2018 “para que autoridades responsables se abstengan de realizar algún acto que tenga por objeto privar total o parcialmente, temporal o definitiva de los bienes agrarios” al ejido El Zapote de la superficie de 50 hectáreas del certificado parcelario 1025771 (Presa San José)

Un viejo conflicto que no se ha podido sortear

Reformas legales, cheques emitidos y cobrados, y un largo camino en tribunales marcan el conflicto principal entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el ejido El Zapote sobre la indemnización que se debe entregar por la expropiación de 306 hectáreas para la primera ampliación del aeropuerto internacional de Guadalajara.

La expropiación fue decretada por el ex presidente Luis Echeverría el 19 de septiembre de 1975, cuando ya estaba en vigencia la Ley de la Reforma Agraria, que obligaba a las autoridades a notificar formalmente al ejido y darle derecho de audiencia. Sin embargo, las autoridades intentaron escudarse en la legislación previa, vigente cuando comenzó el procedimiento, que era el Código Agrario y que no establecía ese derecho para los comuneros.

Medidas. Marchas y hasta la toma del estacionamiento han sido las acciones del ejido.
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La desaparecida Secretaría de Obras Públicas, ahora de Comunicaciones y Transportes, fue la dependencia que solicitó la expropiación para la “ampliación del aeropuerto de Guadalajara”, comprometiéndose a pagar una indemnización según lo establecido en el Código Agrario. Se trataba de 306 hectáreas, de cuatro polígonos: uno de 262.88, otro de 29.07, otra de 2.63 y la última de 12.30; todas, parte del ejido El Zapote.

Una vez que se acreditó la utilidad pública, se emitió el decreto de expropiación y se ordenó el pago de la indemnización a los ejidatarios. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, primero se hizo un pago de 14.7 millones de viejos pesos. Tras llevarse a cabo un nuevo avalúo, se hicieron dos pagos más, que suman 42 millones 919 mil 097.29 de pesos actuales, el primero por 39.7 millones de pesos el 19 de septiembre de 2007, y el segundo por 3.2 millones el 20 de octubre del año siguiente.

En 2009, el ejido El Zapote promovió un juicio de amparo en el que menciona a 37 autoridades federales, estatales y municipales en contra de la expropiación y diferentes acciones derivadas de la misma. Este proceso pasó de una instancia a otra a lo largo de los años, hasta que finalmente un tribunal federal concedió el amparo a los ejidatarios para efecto que las tierras fueran pagadas a valor comercial y su respectiva actualización.

La SCT intentó acreditar que al aceptar los más de 42.9 millones de pesos, se podía constatar en las actas de asamblea del ejido “que consintieron tácitamente los actos, porque se refieren a diversos pagos por concepto de indemnización por la expropiación reclamada”.

Este argumento fue desechado por las autoridades judiciales, que consideraron que no existe duda sobre el pago que se hizo, la aceptación del mismo por parte del ejido “e incluso su disposición para obras en beneficio del poblado o bien, para repartírselo entre sus miembros”. Sin embargo, aclara que “todo ello no es suficiente” para considerar que se encontraban consentidos los actos reclamados.

Al revisarse el caso, tanto por un juez como por un tribunal federal, se consideró que se violó el derecho constitucional de audiencia del ejido porque “no pudo dárseles el derecho a participar y objetar, en su caso, la valuación de la superficie territorial de la que fueron privados por la causa de utilidad consistente en la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco”.

Como conclusión, el tribunal federal que resolvió el recurso de revisión 298/2015, relacionado con el juicio de amparo 1788/2009, señala que después de confirmarse que no era posible restituir al ejido de la posesión de la superficie expropiada, se aceptó la sustitución del fallo y se ordenó a las autoridades “paguen su importe al valor comercial que tenía el bien al momento en que se expropió, más el correspondiente factor de actualización”.

JJ/I