Caja chica

El Congreso de Jalisco aprobó, el miércoles, la implementación de un impuesto turístico en Puerto Vallarta, que aplicará un cobro de 141 pesos o 7 dólares por visitante extranjero que llegue a este destino vía cruceros o aeropuerto.

Los recursos obtenidos, que se estimaron en más de 200 millones de pesos para 2025, estarían destinados a la mejora de infraestructura turística, incluyendo playas y el malecón.

La medida autoriza la instalación de módulos de cobro y estarán exentos del pago personas menores de 14 años o con discapacidad, guías, operadores de tours y trabajadores del sector turístico.

Resultados de la Actividad Turística de la Secretaría de Turismo federal detallan que, en 2023, los datos anualizados más recientes, Puerto Vallarta recibió a 543 mil 609 personas extranjeras vía cruceros y a un millón 827 mil 130 a través del Aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz.

En el mundo, ciudades como Barcelona, Venecia y Ámsterdam han recurrido a estas medidas, acompañadas de modelos de fiscalización y mecanismos claros para evitar que el dinero desaparezca en otros gastos.

En ese sentido, en noviembre, cuando ya se planteaba esta propuesta, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en su portal oficial, refería que también debían evaluarse los “mecanismos de supervisión para garantizar el uso adecuado de estos recursos”.

Es fundamental que este impuesto tenga un sistema claro de fiscalización y rendición de cuentas. ¿Cómo se sabrá en qué se gastó cada peso? ¿Tendremos reportes públicos accesibles para los ciudadanos y la prensa? ¿Existirán mecanismos para que empresarios, activistas y la población en general puedan exigir información sobre el destino de los fondos?

Si se permite que el impuesto se cobre sin una supervisión independiente y con total transparencia hay un alto riesgo de que este recurso termine siendo una caja chica, donde nadie sabe realmente cuánto se recauda ni en qué se usa. Como ejemplo tenemos el cambio de las alcancías del transporte público que va a dar un fideicomiso de los concesionarios al que no hay acceso para saber cuánto se ha recaudado o a qué se pretende destinar ese dinero que sobra del pago del pasaje.

Desde hace años, décadas, activistas han denunciado la explotación de espacios naturales en Puerto Vallarta: construcciones irregulares, destrucción de esteros, daños a la flora y la fauna marina, contaminación por aguas negras y exceso de ruido son algunas de las muchas vertientes sobre este tema.

En los casos referidos de ciudades con impuestos turísticos, los residentes locales, especialmente aquellos involucrados en la prestación de servicios y la protección del patrimonio, buscan que los ingresos generados por estos gravámenes se traduzcan en infraestructura, servicios públicos y conservación cultural, con transparencia, pues la falta de claridad en la asignación y administración de estos recursos puede generar desconfianza y resistencia.

Solo a través de la inclusión de la comunidad en la planificación se puede garantizar un desarrollo turístico sostenible que beneficie tanto a visitantes como a habitantes, preservando el patrimonio y mejorando la calidad de vida.

Mejoras tangibles.

X: @perlavelasco

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