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No más política chatarra
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Luego de que una investigación hecha en conjunto con el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Jorge Ramírez Plascencia, arrojara que mil 248 personas sufrieron una experiencia sobre privación de libertad por un número variado de personas a partir de 2020 y hasta diciembre pasado, el investigador reitera que se trata del problema más agudo que tiene Jalisco.
En entrevista con InformativoNTR dijo que se trata de una operación continua de grupos armados que detonan armas, ejercen violencia y además realizan las privaciones de libertad imposibles de controlar porque los grupos armados trabajan con tolerancia y permiso de autoridades “y lo que es horrible es que muchas de las privaciones ocurrieron en los domicilios de las personas, ingresaron a sus hogares, lo que lo hace mucho más grave”.
La mayoría de ellos ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, no en zonas apartadas del estado donde la autoridad es débil; ocurrieron en el corazón del estado donde se supone que hay cientos de cámaras de seguridad y despliegue de policías, y en medio de esa aparente seguridad, ocurrieron.
El especialista asegura que el estudio que llevaron a cabo es solamente una muestra tomada de una cantidad menor de casos, pero recuerda que hay 33 mil denuncias en Jalisco en los últimos años, entonces estarían hablando de que hay alrededor de 5 mil privaciones violentas en estos años.
Lo que es muy grave, comentó, es que no son desapariciones todas motivadas por disputas entre grupos, sino que hay una generalización de que se dan por múltiples motivos como percances viales, por ventas de autos, por altercados, cosas menores que antes no desataban esta violencia.
De acuerdo con el investigador, los grupos criminales tienen el poder de someter y quitar la libertad de una persona y después hasta la vida, porque muchas de esas desapariciones tienen como objetivo quitarles la vida a las personas.
Es difícil documentar, dijo, pero a partir de varios casos tienen claro que se trata de una coalición violenta de servidores públicos criminales que están como soporte de estos comandos de desaparición.
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