Estatus político sobre la dimensión jurídica

El desarrollo del proceso de elección para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sigue avanzando con velocidad inusitada y, sin embargo, los errores, los manejos descuidados en su procesamiento y la eliminación de participación del propio Poder Judicial en el proceso, sustituyéndose con la intervención descuidada del Senado de la República, avanzan sin atender la debida organización y reflexión de lo que implica esa específica forma de desestructurar y deslegitimar a esa instancia de poder que, desde Montesquieu, se consideraba como una fórmula adecuada de no concentrar el poder en una sola instancia.

El artículo 49 de la Constitución señala que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (…) No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación”, es decir, que se concibe una técnica en la que los contrapesos contra poderes que anulan la intervención de otras instancias en la generación de las políticas y, de la administración públicas, se concibe expresamente en el orden constitucional.

La hegemonía que tiene el movimiento en el poder invade sustancialmente áreas diversas y, poco a poco, el tema de la rendición de cuentas, es decir, del establecimiento de mecanismos concertados socialmente de la función pública, se han ido aminorando con la desaparición de instancias que para ese efecto se habían desarrollado a lo largo de los últimas décadas, como una fórmula que permitía medir el esquema de funcionamiento pero con intervención de otras instancias sociales para, por lo menos, opinar y con ese pulso, atemperar algunas de las decisiones del poder.

Se regresa al viejo modelo de poder, es decir, privilegiar el estatus político sobre el constitucional que, dentro de una perspectiva de narrativa se impone, no así el de la revisión jurídica de las disposiciones de acción gubernamental. Precisamente, dentro de esa perspectiva, la relevancia, para el poder hegemónico, de establecer un esquema de cuotas en el Poder Judicial, para construir un modelo en el que no existan obstáculos de participación en las decisiones de la estructura hegemónica del poder.

Sin embargo, hay elementos que pueden explicar la ausencia de expresiones en contra de estas medidas. De acuerdo con cifras de Latinobarómetro de 2023, el 61 por ciento de los mexicanos encuestados se mostraba insatisfecho con la democracia y, el 56 por ciento estaba de acuerdo en tener un gobierno autoritario si éste resolvía sus problemas. Por otra parte, en la encuesta del Índice de Estado de Derecho en México 2023, “la mayoría de los estados (de la República) muestran caídas en el subfactor 3.1, que mide si la ciudadanía puede participar de forma efectiva en la formulación de políticas públicas”, es decir, que la participación ciudadana se ha acotado de forma creciente.

La búsqueda del control político global constituye una fórmula que diferentes tendencias políticas tienen en su horizonte. Sin embargo, el esquema de división de poderes implica una perspectiva a partir de la cual se generen mejores respuestas en la auténtica rendición de cuentas, con estructuras institucionales que logren establecer certidumbre con responsabilidad social y no exclusivamente política y, de una mayor intervención social en la gestión del país.

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