Después del torbellino arancelario, el Poder Judicial

Después del torbellino mediático que ha causado el tema de los aranceles en el comercio con los Estados Unidos, en una situación que sigue dentro de un complejo e incierto compás de espera con el equipo del presidente Donald Trump, considerando que en tres semanas viene una nueva revisión de condiciones de tráfico de fentanilo y de contención de la migración mexicana e internacional hacia ese país, localmente el tema de la reforma judicial continúa su marcha y, poco a poco, recupera algo de la visibilidad mediática que, como señalamos, en tres semanas más la agenda estará en otra parte.

El gran tema de la transformación de nuestro sistema judicial ha formado parte de las preocupaciones centrales mexicanas desde hace bastante tiempo. La crítica social sobre el sistema judicial y las respuestas desde ese ámbito de poder han tenido décadas de discusión y pocos cambios en el procesamiento institucional.

Ciertamente ha habido consenso en relación con la necesidad de establecer una reforma del Poder Judicial. Sin embargo, el procesamiento de la reforma que se ha puesto en marcha dista mucho de formar parte de un esquema de análisis profundo, consensuado y plural, en el que tanto los problemas de la gestión administrativa, así como de la búsqueda de un sistema eficaz de impartición de justicia, requiere elementos técnicos en los que el análisis de sostener bases de certidumbre jurídica en la impartición de justicia, por una parte y, por la otra, de la debida interpretación y sostenimiento del sentido constitucional, como base esencial para ese ejercicio, requiere un estudio más serio, social y de gran profundidad.

Transformar el esquema de una instancia de carácter técnico implica un sistema de corroboración de habilidades que se adquieren en la dimensión del conocimiento y la interpretación de las bases del Derecho y, por otra parte, de comprender la práctica del mismo pero, a partir de la interpretación del significado de la técnica jurídica, con el objeto de esclarecer y decidir, de acuerdo con lo que ese espacio de la administración de justicia requiere, para tener un correcto impacto técnico en la sociedad.

En junio, con el desarrollo del principio de la votación popular para la elección de jueces, magistrados y ministros, tendremos que analizar lo correspondiente a 3 mil 292 puestos del Poder Judicial. En ese número estarán comprendidos los tres niveles básicos de ese poder: jueces, magistrados y ministros que los ciudadanos vamos a elegir. Respecto de las listas de aspirantes, en las que hay todo tipo de perfiles, algunos de los Comités de Evaluación declinaron su participación y la decisión fue sustituida por el Senado como acción supletoria. Los ciudadanos tendremos que votar, ya en el registro que corresponda al área que pertenezca, hasta por 881 cargos.

En el camino de ese proceso, diferentes actores e instancias han intervenido en la postulación de aspirantes por sorteo y, los mecanismos de análisis “de idoneidad”, han resultado más porosos y laxos que, lo que se puede anticipar, es una representación de instancias políticas y actores de interés, más que de una elección que constituye un sistema de representación plural, ciudadana y de certidumbre jurídica.

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