Retos profundos contra celebraciones

El desarrollo de la presente administración federal se ha generado en un entorno muy complejo que no ha dejado ver con claridad cuáles son las líneas en las que se puede sustentar la administración de este sexenio, básicamente cuando hay un ecosistema local e internacional tan apremiante que se intensificó con el inicio de la segunda administración Trump, el 20 de enero, y que ha provocado una sacudida desproporcionada en las economías internacionales, incluida la nuestra.

La permanente amenaza de imposición estadounidense unilateral de aranceles sobre las importaciones mexicanas, al margen de las convenciones contenidas en el TMEC, violando la certidumbre de avance sobre esa alianza, plantea retos muy profundos de la economía nacional que veía, antes del tema de los castigos arancelarios, importantes desafíos para lograr mantener una línea de flote considerable. Así que no se trata exclusivamente de los aranceles punitivos del norte, sino del propio reto local que tiene nuestra proyección económica.

Por otra parte, dos eventos que han generado confrontaciones en el interior del movimiento político en el gobierno, el primero, la desconsideración a la candidata presidencial para estar al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la que se superpuso la candidata con las peores evaluaciones entre las contendientes, pero de gran cercanía con el ex presidente. De esta forma se le dio marcha atrás a la titular del Ejecutivo por el peso y poder, no considerado, del Congreso de la Unión a través de los líderes de bancada que, por cierto, son del mismo partido y, en su momento, contrincantes en la carrera por la candidatura presidencial morenista.

La reforma sobre la no reelección y el impedimento por nepotismo para participar activamente en zonas de la administración federal que, de acuerdo con el proyecto anunciado por la presidenta el 5 de febrero, cuya vigencia entraría a partir de los comicios de 2027, se modificaron y quedaron para su circulación hasta el periodo en el que termine la actual administración, 2030.

Parte del conflicto con los Estados Unidos es la falta de atención al crimen organizado, elevándose críticas inéditas de ese gobierno señalando al mexicano como un gobierno intervenido por la delincuencia organizada. El tono de respuesta de México ha sido, claramente, la negación rotunda de semejantes señalamientos. Sin embargo, la aparición de centros de reclutamiento forzoso, adiestramiento y exterminio de bandas criminales, por el momento, en Jalisco y Tamaulipas, con una reverberación internacional, replantea la urgencia y profundidad de atención al tema de control y seguridad del país.

Rolando Cordera establece en su columna que “toca al Estado asegurar el imperio de la ley, proteger a la ciudadanía, darle seguridad, combatir a los delincuentes de suerte que la población no sea arrastrada a la vorágine de violencia e impunidad impuestas por los grupos delincuenciales”.

Los frentes que están abiertos en diferentes rubros que tocan de manera profunda la proyección de las políticas públicas de este gobierno enfrentan un escenario complejo en la dimensión nacional pero también en la internacional. Sigue el trabajo serio de la concreción de un plan de nacional de gobierno plural.

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