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Justificación
No permitirá construcción
La primera duda que surge es conocer ¿cuántos saben qué es el Comité de Participación Social y qué hace?
Este organismo ciudadano que surgió en 2017 para el combate a la corrupción no ha podido consolidarse entre la sociedad, y sólo es conocido por el círculo rojo y algunos medios de comunicación.
La integración inicial con la mayoría personajes extraídos de la academia o la sociedad civil le otorgó relevancia dentro de esas esferas sociales y mayor difusión de lo que hacían; sin embargo, ahora que lo integran personas que ocuparon cargos públicos ha provocado que sus acciones sean menos conocidas.
La actividad más visible que tenían era la emisión de su opinión técnica sobre los nombramientos de cargos públicos, sobre todo del Poder Judicial, para garantizar que se eligieran a los mejores perfiles.
Y aunque los legisladores locales casi nunca los tomaban en cuenta, sí servía como medida de presión para evidenciar el peso que tenían los acuerdos políticos sobre los perfiles más aptos durante sus ocho años de existencia.
Con la reforma judicial federal se elimina la participación de este comité en la elección de jueces o magistrados, y esto acota su participación en nombramientos, dejando únicamente su intervención en los que tienen que ver con los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos, que son pocos.
De todo el país, este comité era el único que intervenía en nombramientos, aunque no formara parte legalmente de sus funciones, y se hacía a través de obligaciones señaladas en convocatorias o en otras leyes.
Pese a que no era una facultad legal era la actividad más visible que tenían sus integrantes, por lo que ahora que se elimina esa responsabilidad surgen los cuestionamientos de sus actividades.
Oficialmente están encargados de crear la política estatal anticorrupción, ser el vínculo con la sociedad civil y la academia en temas contra la corrupción, crear indicadores y metodología en este tema, crear redes anticorrupción, entre otros. Y sí, en todas estas tareas ha habido poca difusión, por lo que se desconoce lo que hicieron.
Este comité ha sido incapaz de posicionar temas anticorrupción entre la sociedad para poder mostrar su trabajo.
Desde que dejaron de ser el punto de referencia en los nombramientos por las diferencias y presiones que tuvieron algunos de sus integrantes con los diputados locales al grado de recibir amenazas de desaparición o de eliminación de salarios han quedado en el olvido.
Esto también surgió a la par de que las universidades decidieron declinar la participación en el mismo dando pie a que su integración quedara con recomendaciones de personas que han trabajado en el sector público.
En estos momentos, salvo su trabajo en la relación de aspirantes a cargos públicos y la creación de la política estatal anticorrupción se desconocen sus acciones.
El cambio es tan notorio que ya no se habla de ellos ni siquiera cuando cambian integrantes.
Este año que apenas inicia será crucial para demostrar su existencia y justificar el presupuesto recibido.
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jl/I