Estridencia contra prudencia en el diseño institucional

El diseño institucional de un país constituye un elemento central en la organización del mismo y en la referencia para que toda la estructura administrativa que implica la gestión, interna y externa, tenga parámetros claros para comprender la gestión pública a través de un marco normativo que se comprenda en todos los espacios de la administración.

Un elemento central en el desarrollo de los diseños institucionales de un país lo constituye el hecho de proponer, a través de estructuras estables, certidumbre a raíz de la estabilidad y el conocimiento que se tenga de las disposiciones normativas que operan de forma general para todos, en las mismas proporciones y con los mismos procedimientos. De esta forma, en el caso del Poder Judicial, en efecto, se trata de una búsqueda de certidumbre legal que tenga los mismos efectos para todos en la sociedad.

El debate que se ha generado en torno la reforma judicial no plantea con claridad el diagnóstico técnico del que se parte. De esta forma, la discusión ideológica de quienes están en contra o a favor se formula a partir de opiniones sobre la evaluación de personas que integran el Poder Judicial, pero no sobre el objeto de trabajo del poder mismo. En este sentido, el foco de este poder, que es el mantenimiento del orden normativo legal y de la adecuación de la práctica jurídica a su coincidencia con los preceptos establecidos en la Constitución, escasamente forma parte de los debates sobre el tema.

El llamado a la democratización del Poder Judicial constituye un argumento para animar la discusión sobre este asunto, pero no constituye una adecuada condición para evaluar el funcionamiento del Poder Judicial y la relevancia que tiene este poder en el marco de la división de poderes. El hecho de que jueces tengan dentro de la nómina a familiares y amigos no plantea una condición para establecer una reforma al Poder Judicial. Formará parte de una línea de acción que busque la normalización de actividades y transparencia de la dimensión operativa, sin embargo, no interpela la función institucional del poder en sí mismo.

El marco de operación del Poder Judicial debe buscar generar una equidad en el trato de los ciudadanos, de las instituciones y de las estructuras que entran en conflicto dentro del marco legal, y se debe poner en funcionamiento el orden estructural del sistema judicial para tener equidad en el trato y equilibrio en sus decisiones.

Por otra parte, debe garantizar una estructura estable y clara para todos, con reglas efectivas para todos, atendiendo a un principio básico, el seguimiento de los procedimientos y normas establecidos para ello y, enseguida, revisar la concordancia con los preceptos constitucionales.

La discusión hasta el momento, al margen de centrarse exclusivamente en las personas, establece también una línea confusa de participación ciudadana al proponer un esquema de elección que no se ha sustentado con claridad y que se acompaña de estridencia social, pero no de pertinencia de operación institucional.

El derecho a cuestionar un elemento de tal trascendencia no constituye un derecho exclusivo de mayorías, sino de los mexicanos.

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