Llegó la hora de los organismos autónomos

El desarrollo de mecanismos que obliguen a las instancias gubernamentales a una rendición de cuentas y transparencia de las acciones que llevan a cabo ha significado, en los últimos 30 años, la elaboración de sistemas que incursionan en un territorio complejo, es decir, la administración pública, que pone en funcionamiento los recursos públicos de acuerdo con planes y proyectos planteados en las campañas.

Sin embargo, la operación de esos planes suscita en la ciudadanía inquietud de que esos proyectos se ajusten a la estructura esbozada y, para ello, se han concebido diferentes modelos de interlocución ciudadana, con el objeto de tener más claridad en los sistemas de operación y de eficiencia del gasto público.

En el caso de México, el desarrollo de los denominados organismos autónomos tuvo como principal eje generar una constante rendición de cuentas por parte de la administración pública respecto de sus mecanismos de operación. Estos organismos no son dependencias de gobierno, sino que tienen como función convertirse en una instancia pública de correa de transmisión entre las entidades operadoras y la ciudadanía. Con ello, el tema de la rendición de cuentas se logra establecer como un mecanismo de certidumbre respecto de las acciones ejecutivas de gobierno.

Durante las épocas del partido hegemónico hasta el inicio del siglo 21, la opacidad fue la nota respecto de las grandes acciones de gobierno y la ciudadanía no contaba con ningún tipo de recurso para exigir una rendición de cuentas. Desde hace más de dos décadas, la instauración de estos organismos contribuyó a generar, en algunas áreas particulares, una mayor comprensión y claridad de los proyectos públicos y, en ese sentido, se ha podido evaluar la estructura de operación, con lo que la intervención ciudadana se logra satisfacer al contar con órganos vinculantes para la administración pública.

Actualmente, dentro del frenesí legislativo del Congreso de la Unión se encuentra el proyecto de eliminar esas instancias a través de una reforma constitucional, aduciendo que constituyen un gasto innecesario para el presupuesto federal. De acuerdo con algunas estimaciones presupuestales desarrolladas por el Imco, la eliminación de estas instituciones representaría alrededor de 1 por ciento del presupuesto.

En una de las recientes participaciones de la presidenta de México, señaló que las funciones del Inai podrían ser desarrolladas por una nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Se trata de una dependencia del Poder Ejecutivo que se superpondría en el tema de anticorrupción a los otros dos poderes. Con ello, la concentración de facultades de solicitar información y resguardar la información personal que hasta este momento regula el Inai pasarían a una dependencia del Ejecutivo y, además, discrecionalmente, con facultades de exigir información a los otros dos poderes, con lo que se transforma el equilibrio que hasta este momento formaba parte de las moderaciones y contrapesos que existían.

Las nuevas proyecciones de transformación constitucional se están concibiendo como patrimonio exclusivo de una sola fuerza política y, como en el régimen del PRI, la dimensión ciudadana de intervención queda como facultad de una sola instancia que será juez y parte. Reflexiones profundas se requieren sobre esta nueva perspectiva de participación ciudadana.

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