El indefenso gobierno

¿Qué haría usted si vendiera un inmueble y el comprador no le paga? Y si, a pesar de dar facilidades para que el bien se pague en abonos e incluso en especie, la otra parte simplemente no cumple, ¿se quedaría con los brazos cruzados?

Seguramente lo primero en lo que pensaría sería en tratar de llegar a un arreglo. Si eso no funciona, entonces revisaría si proceden acciones legales. Claro, hay que evaluar los gastos que esta última alternativa representa, pero ¿y si eso no es un problema? Porque resulta que para reclamar lo que en justicia le corresponde, dispone de un obeso aparato jurídico, con altos salarios y poco trabajo.

En ese escenario se vio el ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez ante dos temas que han sido polémicos y que, curiosamente, son inmobiliarios: Iconia y la Villa Panamericana. En ambos había todas las condiciones para que se recuperaran los bienes públicos, pero prefirió dar a las empresas una segunda oportunidad y, una vez que incumplieron de nuevo, hacerse de la vista gorda.

El caso más reciente es el de la Villa Panamericana. Ayer en este diario dimos a conocer que el 30 de septiembre de 2024 venció el plazo que las empresas que administran el ahora desarrollo inmobiliario tenían para pagar mil 500 millones de pesos a los institutos Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) y de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

“Las villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas y se hicieron con el dinero de los trabajadores del estado. A mí me corresponde como gobernador ayudar a rescatar Pensiones. Tenemos que rescatar la inversión que se hizo de manera injustificada”, declaró el entonces gobernador Enrique Alfaro cuando El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que se habían vendido los derechos que sobre el complejo tenían el Ipejal y el Ijalvi, a cambio de las autorizaciones para que el inmueble se usara como vivienda.

Los entes públicos invirtieron en la Villa Panamericana porque cuando se presentó el proyecto a instituciones bancarias, no se obtuvieron los créditos, ante la falta de viabilidad financiera. Según el convenio firmado en diciembre de 2020 –que finalmente se entregó vía transparencia–, cuando se decidió construir la Villa Panamericana en El Bajío, el Ijalvi invirtió 700 millones de pesos, mientras que el Ipejal 340.

En el nuevo convenio se estableció que les corresponderían mil 500 millones de pesos. Pero no es una concesión graciosa, pues en ese mismo documento se precisa que el Ijalvi es dueño de 45 por ciento del valor accionario y el Ipejal de 30 por ciento, mientras que las empresas Creaciones del Bajío, SA de CV, 8.6 por ciento y Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque, 16.3 por ciento. Es decir, los dos organismos públicos tendrían derecho sobre la mayor parte del inmueble.

Las empresas no cumplieron ni con el pago del anticipo y, aun así, no hubo un reclamo jurídico. Lo mismo que sucedió en Iconia, donde lejos de hacer valer los derechos de Guadalajara sobre el predio, las autoridades se convirtieron en los defensores de los empresarios incumplidos.

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