La crisis de Pensiones, la crisis de todos

¿Por qué los ciudadanos tendríamos que preocuparnos por el posible colapso financiero del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), si los afectados directos serían sus afiliados? Porque cualquiera que sea la decisión que se tome, ya sea para prevenir una crisis o para rescatarlo, implica utilizar recursos públicos.

Según el estudio actuarial entregado en agosto del año pasado por la empresa Valuaciones Actuariales del Norte, el periodo de “suficiencia” del Ipejal abarcaría hasta 2036, si no se hacen cambios. Esto significa que los recursos propios alcanzan para cubrir los gastos del organismo, es decir, su operación, las prestaciones de sus afiliados y las pensiones y jubilaciones.

La empresa hizo dos planteamientos que, de alguna manera, son las sugerencias para la reforma que se hará sobre el funcionamiento del Ipejal: aumentar las aportaciones y migrar a las cuentas individuales.

En el caso de las cuentas individuales, dependerá de los detalles que se acuerden en la reforma, pero en términos generales significa que para quienes ingresen al organismo a partir de los cambios, su jubilación dependerá de las aportaciones a su cuenta.

De alguna manera es un esquema similar al de las afores aunque, insisto, habrá que esperar los detalles. Lo cierto es que el sistema de pensiones y jubilaciones actual ya no es sostenible, pues permite a quienes dejan de laborar recibir lo que ganaban en su último trabajo.

Ese formato es el que ha hecho posible las llamadas pensiones doradas. El problema con éstas es que, sin violar la ley, hay funcionarios que cotizan durante largos periodos con sueldos bajos y, aprovechando alguna oportunidad para ocupar un cargo de primer nivel, se jubilan con el último salario. Así, en un periodo muy corto cobrarán el total del fondo que aportaron, pero durante muchos años seguirán cobrando una jubilación alta, con cargo a las aportaciones de otros.

Como ejemplo está el caso de una persona que aportó durante casi dos décadas de manera voluntaria, según su expediente, 400 pesos al mes. Su paso por la sindicatura de Zapopan le permitió jubilarse con un salario de más de 140 mil pesos mensuales.

En la administración anterior se intentó poner un freno a las llamadas pensiones doradas, utilizando un argumento que ha funcionado en otros países: el beneficio de unos cuantos podría significar una crisis para la mayoría. Pero en el Poder Judicial no están dispuestos a evaluar ese tema, pues en los estados y en lo federal, quienes administran justicia son quienes se llevan las pensiones más elevadas.

El otro punto, que afecta directamente a los ciudadanos, es la propuesta para elevar las aportaciones. ¿Por qué? Porque los patrones de los burócratas, que serán quienes deberán elevar su aportación, son los municipios, el gobierno del estado o los organismos. Es decir, para cubrir estos incrementos deberán usarse más recursos públicos.

Esto queda más claro cuando, por ejemplo, un municipio se retrasa con los pagos al Ipejal y luego decide pagar con bienes municipales, como terrenos que recibe de donación en desarrollos habitacionales, como ocurrió en la anterior administración de Tlajomulco de Zúñiga.

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