Poder Judicial, autónomo para gastar

El Poder Judicial es el poder menos vigilado en el estado. Es por ello que los excesos y los gastos superfluos siguen siendo parte de su cotidianidad. Y la falta de vigilancia no solo es de la sociedad y los medios de comunicación, incluso de quienes tendrían que llevar a cabo la fiscalización.

Apenas el año pasado entró en vigor la reforma que dota al Poder Judicial de un presupuesto constitucional, una vieja demanda que tenía como fundamento el fortalecimiento de su autonomía. Es decir, no se puede concebir un Poder Judicial que no dependa del Poder Ejecutivo si éste decide cuándo y cuánto le da de presupuesto.

A mediados de julio de 2023, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución para establecer que el Poder Judicial deberá recibir al menos cada año el equivalente a 2 por ciento del presupuesto total del estado, del que 1.5 por ciento será para su gasto y el resto para proyectos específicos de infraestructura.

De los recursos para el gasto, 70 por ciento corresponden al Consejo de la Judicatura, para la administración de justicia en primera instancia; 25 por ciento para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que administra justicia en segunda instancia, y 5 por ciento para el Instituto de Justicia Alternativa, órgano responsable de los procesos que se resuelven vía conciliación entre las partes.

El día que se aprobó la reforma, el entonces presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, aseguró que el presupuesto constitucional significaba la posibilidad de generar proyectos de infraestructura y equipamiento para brindar justicia de calidad, eficaz y eficiente, según lo que se merecen los jaliscienses. Además, afirmó que se creaba un compromiso para ese poder en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Lo primero que vimos fue que la autonomía no estaba ligada con el presupuesto, pues Daniel Espinosa cerró su gestión como presidente del Poder Judicial siguiendo las órdenes del Poder Ejecutivo, según él mismo confesó en una grabación que se filtró a los medios de comunicación. La segunda prueba de la dependencia es que fue en Casa Jalisco donde se decidió que José Luis Álvarez Pulido sería el actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), en lugar de que lo definieran los magistrados, como dice la ley.

De esta forma, parece que la única autonomía que adquirió el Poder Judicial fue para gastar el dinero como le conviniera. En la revisión que este diario hizo a los cheques emitidos durante los últimos cuatro años por el STJE queda de manifiesto: viajes al extranjero, comidas, viáticos, becas, seguros de gastos médicos mayores, pago de infracciones de tránsito, entre otros privilegios.

Los magistrados renunciaron incluso a la demanda de ampliar el número de salas para reducir la carga laboral y, sobre todo, crear salas regionales que permitan llevar la justicia de segunda instancia a municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además, incumplen de manera flagrante las obligaciones en materia de transparencia, sin contar que la fiscalización a este poder es casi inexistente.

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GR